La historia geológica de México está marcada por el despertar violento de sus colosos. El 28 de marzo de 1982, el volcán Chichón en Chiapas terminó con siglos de inactividad mediante una erupción que sepultó comunidades enteras y cobró la vida de más de 2,000 personas. Este evento no solo transformó el paisaje chiapaneco, dejando un cráter con un lago turquesa, sino que funcionó como una advertencia sobre la naturaleza dinámica del subsuelo mexicano. Actualmente, el Cinturón Volcánico Transmexicano, una franja de 1,000 kilómetros que atraviesa el país de costa a costa, mantiene bajo vigilancia al 40% de la población nacional, concentrada en metrópolis como Ciudad de México, Puebla y Guadalajara.
A diferencia de otras cadenas montañosas, este cinturón cruza el territorio de forma diagonal debido al desplazamiento de las placas de Cocos y Rivera bajo la Norteamericana. Esta configuración genera un patrón de sismos y erupciones complejo y difícil de predecir. Investigaciones recientes del Instituto de Geofísica de la UNAM han identificado «eventos sísmicos lentos», deslizamientos imperceptibles que duran meses y deforman la corteza entre 10 y 15 milímetros. Estos movimientos, detectados en Guerrero y Oaxaca, son considerados una suerte de respiración del subsuelo que podría influir en la gestación de terremotos mayores.
El volcán Chichón sigue siendo un foco de atención prioritario. Desde junio de 2025, se ha registrado un enjambre sísmico con picos de hasta 100 movimientos diarios. Los científicos han observado cambios físicos tangibles: el agua del lago pasó de verde a un tono turquesa grisáceo por la presencia de sílices y sulfatos, y las emisiones de sulfuro de hidrógeno en 2025 superaron en dos órdenes de magnitud los niveles de 2021. Estos indicadores confirman que el sistema está en una fase de reactivación, aunque no necesariamente implican una erupción inminente.
A pesar de los avances en el monitoreo coordinado entre la UNAM y el Cenapred, persisten retos estructurales. La vigilancia depende en gran medida de esfuerzos universitarios ante la falta de una asignación presupuestal gubernamental robusta para infraestructura científica. Esta carencia de datos continuos limita el uso de herramientas avanzadas como la inteligencia artificial para detectar patrones de riesgo. En el ámbito social, la gestión ha mejorado con la creación de comités comunitarios en zonas que antes no figuraban en los mapas de protección civil, integrando a la población en la detección sensorial de cambios y en protocolos de evacuación.
