El factor femenino es clave en la reorganización del poder. En 2018 la única gobernadora era Claudia Pavlovich (PRI), de Sonora, actual embajadora de México en Panamá. Hoy son 13 (más del 40 % del total), de las cuales 10 pertenecen a Morena y tres al PAN. Ese cambio modifica las relaciones políticas, pues la mujer suele ejercer el mando bajo códigos más estrictos. Sin embargo, el avance genera resistencias en un sistema patriarcal que no solo defiende privilegios, sino también cuestiona la capacidad femenina para gobernar entidades tan complejas como Estado de México, Guanajuato, Guerrero y Morelos.
Nueve de las mandatarias en funciones ejercen en estados gobernados por varones durante más de ocho décadas. Una de las más polémicas es Layda Sansores, de Campeche, némesis de su predecesor Alejandro Moreno, enquistado en la jefatura del PRI desde 2019. La gobernadora ha denunciado las tropelías de «Alito» en su programa «Martes del Jaguar», que transmite a través de sus redes sociales. El Gobierno del estado le expropió a Moreno terrenos valuados en 300 millones de pesos para construir la Universidad de la Salud.
En la península de Baja California —dominada también por Morena— los problemas de la gobernadora Marina del Pilar Ávila los tiene con su antecesor y excorreligionario Jaime Bonilla. En 2019, el entonces mandatario promovió una reforma a la Constitución local para ampliar su periodo de dos a cinco años. Meses después, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la «Ley Bonilla». El conflicto entre Ávila y Bonilla escaló el año pasado, cuando el gobierno de Estados Unidos le canceló a la gobernadora su visa de turista.
Ávila argumenta que la asesoría que Bonilla le ofreció para recuperar el visado fue una trampa. Asegura que las conversaciones con funcionarios estadounidenses —cuya filtración atribuye a Bonilla— «fueron sacadas de contexto». También niega haber brindado información sensible; solo se trataron temas de migración y seguridad en el ámbito de la «cooperación institucional». Ávila fungió como diputada federal y alcaldesa de Mexicali antes de ser gobernadora.
No es la primera vez que la mandataria está en el ojo del huracán. Sin embargo, las críticas por sus viajes frecuentes a Ciudad de México, la compra de un avión oficial y la supuesta adquisición de una residencia en San Diego, California, que ha desmentido, palidecen frente al escándalo de las filtraciones y la supuesta
colaboración con Estados Unidos a cambio de inmunidad. De acuerdo con el semanario Zeta, autoridades de Estados Unidos investigan a Ávila por presuntos vínculos con la delincuencia organizada.
La presidenta Sheinbaum ha defendido a otros mandatarios, no solo de su partido, pero frente a la menor sospecha de traición al país o a la 4T es inflexible. Sin embargo, en el caso de Marina del Pilar Ávila, como en el del Rubén Rocha Moya (Sinaloa), no ha cedido a las presiones internas y externas cuyo trasfondo, en ambos lados de la frontera, es electorero, pues no hay acusaciones formales. Baja California es un estado emblemático: fue el primero que el PRI perdió y donde el PAN gobernó durante 30 años. Si pese a los escándalos políticos, Morena encabeza las preferencias para las elecciones de gobernador en ambos estados se debe al descrédito del PAN y el PRI y al liderazgo de la presidenta.
