Saltillo, Coahuila a 23 de mayo de 2023.- Durante la Décima Segunda Sesión del Primer Período Ordinario del tercer año de la LXII legislatura, el Diputado de morena, Francisco Cortez, presentó una proposición con punto de acuerdo con motivo de enviar un atento exhorto a diversas instancias a que acaten las disposiciones derivadas de un juicio promovido por ejidatarios de “San Antonio de los Bravos”, municipio de Torreón, Coahuila, con motivo de los violentos despojos de terrenos de que son Víctimas desde hace más de diez años por parte del Gobierno Municipal Torreonense y desarrolladores inmobiliarios, en complicidad con autoridades agrarias.
El legislador de morena, explicó que la reforma de 1992 al artículo 27 de la Constitución general permite por primera vez la venta de suelo ejidal y comunal, disposición que contribuiría, entre otras cosas, a evitar su venta ilegal, y favorecería su incorporación ordenada al desarrollo urbano.
“Mientras tanto, en razón de ello, se ha suscitado un predominio del mercado libre de suelo, en el cual los gobiernos municipales fungen como facilitadores, quedando atrás la premisa de inducir la modernización del campo y hacerlo más productivo. Pues bien, en Coahuila dicha reforma ha dado lugar, no solo a un sinfín de injusticias sociales, derivadas de la violación a la Constitución Política del país y al marco jurídico del sector rural, sino también a una serie acciones gubernamentales que violentan gravemente los derechos humanos” expresó.
Aunado a lo anterior, Cortez Gómez señaló que para el efecto, el propio Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (PROCEDE), olvidándose de su cometido de regularizar la propiedad social, terminó por convertirse en un instrumento del Estado para transgredir los derechos sobre la tierra, en perjuicio de los productores del campo, al menos en Coahuila.
“Tras la citada reforma constitucional, nuestro estado ha sido escenario del primer caso de urbanización de tierras ejidales, pero también, por primera vez en todo el país, ejidatarios de La Laguna se enfrentan a actos de despojo, violencia y corrupción, cometidos impunemente a partir de la administración del exgobernador Rogelio Montemayor Seguy” manifestó.
El Diputado Francisco Cortez, expuso que la problemática se localiza en el ejido San Antonio de los Bravos, municipio de Torreón, Coahuila, cuyos productores han padecido una década de vejaciones, invasiones, extorsiones, chantajes, encarcelamientos y hasta secuestros, mediante los cuales se les obliga a vender sus tierras a precios ridículos, esto, a lo largo de por lo menos seis administraciones municipales, las que, a su vez, han actuado en contubernio con empresarios del ramo inmobiliario y funcionarios del sector agrario.
“Para el acaparamiento de las tierras se transgredieron una serie de normas y protocolos que contempla la ley agraria, pues solo se convocó a una simple asamblea directa, sin el quórum legal, que debió haberse conformado con el 75% de los ejidatarios; incluso, el Municipio y los compradores recurrieron a la falsificación de firmas. El juicio respectivo responde precisamente a que, en esa asamblea de aportación de tierras, efectuada en 1994, no se cuidan las formalidades que señalan la Ley Agraria, la Ley de Aguas, ni la propia Constitución. Solo se expresa la aportación de 535 hectáreas, pero sin señalar que están en producción, que un decreto indica que pertenecen al distrito de riego y que los canales aún están en uso” expuso.
“Los empresarios que forman parte de la sociedad mercantil involucrada en este abuso, denominada “CIUDAD NAZAS SAN ANTONIO, S.A. DE C.V.”, son en su mayoría abogados que actúan en complicidad con la Procuraduría Agraria, luego que la gente se opuso al proyecto inmobiliario. Entre las personas señaladas como acaparadores de tierras, está el representante legal de la firma constructora BAHI, Rogelio Barrios Cázares, a quien, por cierto, el Municipio le concedió recientemente una licencia de construcción, y cuyo interés por esas propiedades ha quedado de manifiesto desde que era secretario de Finanzas en el gobierno de Montemayor Seguy. Otro de los latifundistas es Pedro Luis Martín Bringas, dueño de Soriana, así como funcionarios regionales de la Comisión Federal de Electricidad, quienes de esta manera pisotean los principios de honestidad y legalidad implantados por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ese territorio también ha sido invadido para dar lugar a nuevos asentamientos humanos. El problema es que todavía es fecha que esos predios no pueden ser escriturados, debido a que aparecen registrados como tierras ejidales” informó.
En ese sentido, el legislador señaló que el descomunal despojo tuvo su origen en el año 2000, en la administración del alcalde Salomón Juan Marcos Issa, cuando, a fuerza de represión, los afectados se empezaron a ver obligados a aportar 535 hectáreas de riego, divididas en tres polígonos.
“En realidad, los afectados han cumplimentado 586 hectáreas, pero, mediante argucias burocráticas y legaloides, en los registros oficiales ha sido ocultada la existencia de 51 hectáreas, contenidas en el polígono 3, miasmas que se han robado, y que, por lo mismo, se niegan a pagar, en perjuicio de aproximadamente 30 ejidatarios. Las arbitrariedades siguen a la orden del día, a pesar de un juicio iniciado a finales de 2013, el número 645, cuyos efectos siguen vigentes. El motivo principal de este proceso judicial es que, cuando ocurre la asamblea de aportación de tierras, en 1994, de la cual se conserva el acta respectiva, no se cuidan las formalidades que señalan la ley agraria, la ley de aguas, ni la propia Constitución. Solo se expresa la aportación de 535 hectáreas, pero sin señalar que se encuentran en producción, que hay un decreto que indica que pertenecen al distrito de riego y que los canales todavía están en uso. La propiedad ejidal, en la que también existen calles ejidales afectadas, que tampoco han sido pagadas por el Gobierno Municipal, corresponde a diferentes tramos del periférico, principalmente a la altura de Bravo, por donde se ubica el estacionamiento de Seguridad Pública” detalló.
“Según palabras de los propios afectados, los invasores “han arrasado con todo”, mediante el uso de maquinaria pesada y hasta con ataques de perros dóberman. Los cultivos fueron destruidos sin interesarles tampoco que, con el producto de su comercialización, los campesinos debían pagar créditos que habían contraído. “Ha sido muy duro ver a la gente maltratada y llorando”. Hasta se han tenido que solicitar investigaciones periciales para rectificar medidas y determinar que, efectivamente, los terrenos son parcelas, no predios urbanos, como lo ha querido hacer creer el Ayuntamiento. También fue necesario traer del Archivo General Agrario las actas de usufructo parcelario y los planos con las áreas de riego señaladas, pues los planos de PROCEDE resultaron un engaño” finalizó.