El líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, es otro de los políticos que se encuentra en capilla. Los cargos acumulados contra el exgobernador de Campeche (2015-2019) forman ya un catálogo criminal: uso indebido de atribuciones, peculado, lavado de dinero, tráfico de influencias, fraude fiscal y enriquecimiento ilícito. Las acusaciones escalaron de manera definitiva cuando el diputado de Morena, Miguel Prado, presentó ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la FGR una nueva denuncia formal contra «Alito» por el presunto desvío de 3 mil 941 millones de pesos.
Moreno se aferra al fuero parlamentario con uñas y dientes. Si bien en el pasado el dirigente tricolor negociaba el voto de su bancada para mantener a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, el escenario actual es drásticamente distinto. La presidenta Claudia Sheinbaum ya no requiere de sus concesiones parlamentarias, pues el oficialismo cuenta con la mayoría calificada en el Congreso de la Unión. Ahora, la Cámara de Diputados ha colocado el juicio de procedencia para su desafuero como una prioridad legislativa, un proceso impulsado por la Sección Instructora tras las nuevas pruebas aportadas por la Fiscalía Anticorrupción de Campeche que involucran un presunto desvío por 83.5 millones de pesos. La reciente detención de Luis Antonio Espinosa Campos —contador vinculado al hermano del líder priista— ha terminado por cerrar la pinza sobre el campechano.
El PRI le debe a Alejandro Moreno el ser hoy la cuarta fuerza política nacional —detrás de Morena, el PAN y el PVEM— después de haber gobernado el país durante más de siete décadas. Bajo su gestión, el partido tricolor ha alcanzado el menor número de diputados y senadores de su historia, y únicamente retiene las gubernaturas de Coahuila y Durango. La fuga masiva de votantes, así como la renuncia de exgobernadores y cuadros históricos, responde directamente a la falta de liderazgo ético y al profundo descrédito de su dirigente.
El exmandatario de Campeche, quien se dice víctima de una persecución política y viaja con frecuencia a Estados Unidos para denunciar un supuesto acoso institucional, no solo arrastra carpetas de investigación, sino también un ostentoso escándalo patrimonial: una residencia de mil 900 metros cuadrados valuada en más de 46 millones de pesos, 19 inmuebles en la capital campechana y una reserva exclusiva en Lomas de Campeche. De acuerdo con las indagatorias estatales, Moreno operó un esquema de defraudación a través del cual el Registro Público tasaba terrenos en centavos para que el
estado los adquiriera; más tarde, estos predios eran donados a su madre mediante contratos privados.
Las investigaciones periodísticas expusieron en su momento audios donde Moreno exigía al PAN y al PRD operar políticamente a favor de su sobrino en las elecciones para gobernador. Otras conversaciones telefónicas destaparon el uso discrecional de aeronaves oficiales para los traslados de su cirujano plástico personal bajo promesas de total impunidad. Este comportamiento evoca a la camada de gobernadores que en el sexenio de Enrique Peña Nieto se presumieron como «la nueva generación del PRI», y que terminaron por hundir a sus entidades en deudas millonarias cuyo destino real se ignora, tal como ocurrió en Coahuila.
A este robusto expediente se suman denuncias internas de violencia política por razón de género, como la interpuesta ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por la exsecretaria de Vinculación del PRI, Nallely Gutiérrez, quien también ratificó acusaciones ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por presuntos delitos financieros. Mientras Alejandro Moreno acusa una supuesta fabricación de carpetas judiciales, los hechos y los tribunales apuntan a una realidad ineludible: «Alito» no es un perseguido político; es un prófugo de su propio pasado.
