Dentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México es el país que menos recauda por concepto de Impuesto Predial. La principal fuente de ingresos de los municipios —el eslabón político y económicamente más débil y a la vez el más exigido— no llega ni al 0.5 % del Producto Interno Bruto. En los países miembros del organismo la captación es casi cuatro veces mayor; en América Latina y el Caribe, la tributación inmobiliaria duplica a la nuestra. El rezago se refleja en ciudades deterioradas, servicios públicos insuficientes y de mala calidad, cráteres en lugar de pavimento, banquetas intransitables, encharcamientos por doquier y alumbrado intermitente.
Para robustecer las finanzas municipales, el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y la OCDE aconsejan actualizar el Impuesto Predial, lo cual es anatema para los terratenientes, quienes ganan por partida doble: contribuyen poco y sus propiedades adquieren plusvalía. Saltillo es una de las ciudades donde el acaparamiento y la especulación son más consentidos por las leyes. Grandes extensiones urbanas —ociosas y convertidas en muladares— obstaculizan el desarrollo; el precio de la tierra se dispara y la lejanía de los fraccionamientos encarece el transporte y los servicios.
Un estudio del BM señala que el principal patrimonio de América Latina y el Caribe son los bienes inmuebles, que en promedio representan el 86 % de la riqueza local. La cifra aumenta en México al 90.5 %. La periodista Yolanda Morales toma del informe «Impuestos a la riqueza para la equidad y el crecimiento» un dato clave: «este tipo de impuesto tiene el potencial de construir una mayor base gravable para fortalecer los recursos públicos municipales» (El Economista, 08.10.26).
Contrario a la raquítica recaudación de Predial, la OCDE advierte que México es uno de los países que incrementaron más los ingresos federales, no mediante alzas en las tasas, sino con estrategias para que el cobro a los grandes contribuyentes y la fiscalización a las corporaciones sean más eficientes. El organismo ha sugerido a los gobiernos subnacionales (estados y municipios) tomar en cuenta la experiencia de países avanzados donde la aplicación masiva de impuestos sobre la propiedad sirve de palanca para un crecimiento equilibrado y constante. El BM —apunta Morales en su nota— pone a Bogotá y Barranquilla, Colombia, de ejemplo de cómo gravar la propiedad permite generar recursos, promover la transparencia e impulsar el desarrollo urbano sostenible, siempre y cuando la gestión «sea efectiva y modernice al catastro».
Precisamente el 14 de octubre el Senado aprobó la expedición de la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral, tendente a homologar, actualizar y vincular los catastros y los registros públicos de la propiedad en todo el territorio nacional. Los municipios y los estados deberán elaborar mecanismos de coordinación con el Gobierno federal para fortalecer y modernizar la cartografía. No es un aumento al Predial, como se argumenta para descalificar la nueva norma y generar confusión y malestar ciudadano. El mecanismo permitirá, por sí solo, captar mayores ingresos para que los municipios puedan afrontar la demanda creciente de servicios con menos agobio. Quienes, como era de esperar, pusieron el grito en el cielo, son aquellos que secularmente han aprovechado su poder económico y sus influencias políticas para empobrecer a los municipios mientras ellos se enriquecen y las clases media y baja pagan los costos de su avaricia.
