La debilidad de los presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón dio manga ancha a los gobernadores para ejercer el cargo de manera arbitraria y discrecional. En la segunda mitad de la administración calderonista los estados registraron su mayor nivel de endeudamiento hasta llegar a los 434 mil 761 millones de pesos. El periodo coincide con la operación de los mandatarios del PRI para llevar a la presidencia a uno de los suyos: Enrique Peña Nieto. La deuda más escandalosa fue la de Coahuila, en el gobierno de Humberto Moreira, por varias razones —el tiempo récord, la ruta y el monto—: en 2005 el pasivo bancario del estado era de 320 millones de pesos; en 2008 subió a 3 mil 800 millones de pesos, y en 2011 la Secretaría de Hacienda denunció que la cifra real excedía los 38 mil millones de pesos.
El gobierno actuó con total desaseo para endeudar a los coahuilenses por varias décadas y atar de manos a la administración para atender la demanda de servicios e infraestructura, como lo acaba de advertir el líder de la Coparmex. Los bancos y las autoridades hacendarias también fueron negligentes e incluso cómplices, pues casi la mitad de los créditos se contrató sin autorización del Congreso de Coahuila y con decretos apócrifos. Las denuncias ante la Procuraduría General de la República y la Procuraduría General del Estado, presentadas por la Auditoría Superior de Coahuila, no produjeron resultados porque el gobierno estaba blindado por acuerdos cupulares. Según el expresidente Andrés Manuel López Obrador, el entonces presidente Peña Nieto pactó con Felipe Calderón el «perdón» de Humberto Moreira.
Los presidentes del denominado «prianato» quedaron a merced de las circunstancias, y los gobernadores capitalizaron la coyuntura para obtener el máximo provecho político y económico. El Congreso federal, controlado por ellos, les asignó mayores presupuestos y fondos especiales; en muchos casos, sin rendir cuentas a pesar de las irregularidades denunciadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Un ejemplo de esa discrecionalidad ocurrió con el Fondo para el Fortalecimiento Financiero (Fortafin), utilizado para triangular recursos federales a las campañas del PRI. Aunque en Coahuila el exsecretario de Finanzas, Ismael Ramos, fue inicialmente señalado por desvíos millonarios y vinculado a proceso como cabeza de turco, los tribunales federales terminaron por otorgarle un amparo definitivo. El caso quedó cerrado y consolidó la añeja percepción de impunidad.
Los gobiernos posteriores al moreirato no movieron un dedo para investigar la megadeuda, cuyo servicio absorbe cuantiosos recursos del erario cada año. La atonía de los partidos de oposición y del sector empresarial, más atentos a sus intereses que a los del estado, contribuyó a sepultar el tema. Morena tampoco le ha prestado interés al endeudamiento; prefiere la politiquería y ser útil al gobierno antes que perder privilegios. Mientras persista en esa actitud, su avance en el estado será nulo como se observó en las elecciones para diputados locales de junio pasado en las cuales no ganó un solo distrito ni en alianza con el Partido del Trabajo, cuya votación también cayó después del repunte de 2023 cuando Ricardo Mejía Berdeja compitió por la gubernatura.
