El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación analiza la posibilidad de permitir la exportación permanente de las obras de Frida Kahlo. El tribunal revisa si el decreto presidencial de 1984, que prohíbe de forma estricta que las pinturas de la artista salgan definitivamente de territorio mexicano, vulnera los derechos y la voluntad de los propietarios particulares frente a las facultades del Estado. El caso cobró relevancia nacional tras un amparo promovido por el banco Ve por Más, dueño del óleo Autorretrato con medallón (1948), cuyo traslado fuera del país permanece bloqueado por dicha norma.
De acuerdo con el periodista David Marcial Pérez, autor de esta nota informativa, el fondo de la discusión radica en el delicado equilibrio entre el derecho a la cultura y el derecho de propiedad privada. Mientras la Ley Federal sobre Monumentos de 1972 permite exportar bienes artísticos particulares, el decreto específico para la obra de Kahlo —emitido bajo el gobierno de Miguel de la Madrid— es el más restrictivo del país y no contempla esa flexibilidad.
Esta tensión legal coincide con la reciente polémica por la Colección Gelman. Los propietarios de este acervo cedieron una parte de las obras al Banco Santander para exhibirlas en un nuevo centro cultural en España. La situación generó críticas y dudas en el mercado del arte sobre el papel del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBAL) en la supervisión de las piezas protegidas. Ante la controversia por los plazos de salida de la colección, la presidenta Claudia Sheinbaum tuvo que aclarar que las obras cuentan con permisos temporales y deberán regresar a México en el año 2028.
