Ser el primer gobernador no priista de Baja California y del país, en 1989, le concedió al empresario Ernesto Ruffo Appel un aura épica. Más tarde fue senador y diputado federal; en 2018 buscó la candidatura presidencial, pero el entonces líder del PAN, Ricardo Anaya, hizo a un lado a los demás aspirantes para nominarse a sí mismo. Ruffo venció con holgura a Margarita Ortega, segunda mujer postulada por el PRI para una gubernatura, pero la idea de que su triunfo fue producto de una concesión de Carlos Salinas al PAN —a cambio de no impugnar su propia elección, a todas luces fraudulenta— jamás se desvaneció por completo.
El arreglo entre Salinas y el PAN se hizo evidente dos años después en Guanajuato. El entonces presidente impuso como gobernador interino al también empresario Carlos Medina Plascencia, quien duró en el puesto más tiempo que algunos mandatarios elegidos en las urnas. El PAN ejerció el poder en Baja California durante 30 años consecutivos; su derrota frente a Morena, en 2019, obedeció, entre otros factores, a la corrupción rampante. El principal baluarte del partido fundado por Gómez Morín pasó a ser Guanajuato, donde ha gobernado de manera ininterrumpida desde los años noventa. El segundo de sus mandatarios allí, Vicente Fox, saltó después a la «silla del águila» tras una reforma al artículo 82 de la Constitución, promovida en el salinato, que permitió ocupar el cargo a hijos de padres extranjeros.
Durante la gestión de Ruffo como gobernador ocurrió el asesinato del candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio, al finalizar un mitin en la colonia Lomas Taurinas de Tijuana. A pesar de las trabas al operativo local, la policía municipal acudió a la concentración por órdenes del gobernador, quien atribuyó el crimen al propio Estado, postura respaldada por múltiples actores. Las investigaciones locales y de la Comisión de Derechos Humanos de Baja California discreparon de la versión oficial del «asesino solitario». José Federico Benítez, director de Seguridad Municipal de Tijuana que realizaba indagatorias paralelas, fue emboscado y acribillado junto a su escolta un mes después del magnicidio. Aquellos crímenes nunca se esclarecieron del todo.
Hoy, en un acto de oportunismo político, Vicente Fox y un grupo de exgobernadores de oposición han asumido la defensa de Ruffo Appel, vinculado a proceso por su presunta participación en una red de contrabando de combustibles («huachicol fiscal»). A Ruffo se le pretende presentar como «preso político», una etiqueta que difícilmente encaja con quien hoy no representa un riesgo electoral o un contrapeso real para el Estado. La
investigación contra el exmandatario no salió de la chistera presidencial, sino del decomiso de 15 millones de litros de combustible ilegal realizado a mediados del año pasado en Saltillo y Ramos Arizpe. La reacción opositora resulta previsible, pues el caso asesta un duro golpe al naciente partido Somos México, del cual Ruffo es consejero.
Dar a la detención del primer gobernador de oposición el cariz de «persecución política» responde más al intento de desacreditar a la Fiscalía General de la República —encabezada por primera vez por una mujer, Ernestina Godoy— y de victimizar a un imputado, que a una auténtica exigencia de justicia. Ningún halo histórico, por grandes que hayan sido las batallas para conquistarlo, exime de responsabilidades penales. Al contrario: conservarlo exige ejemplaridad y congruencia. Víctor Hugo lo dejó escrito para recordar a los políticos que «la popularidad es la gloria en calderilla».
