En la época dorada del PRI, el presidente ejercía el control territorial del país a través de los gobernadores, quienes le debían obediencia por haberlos designado a dedo. ¡Ay de aquel que generara conflictos o los trasladara a la capital! A menos que el vínculo entre ellos fuera tan grande que en lugar de castigar sus negligencias, los sectores que demandaban solución a sus problemas eran reprimidos por «alterar el orden institucional». Así pasó con la «Caravana de la Dignidad», la cual partió el 20 de enero de 1951 de Nueva Rosita, Coahuila, hacia la Ciudad de México para denunciar las condiciones de trabajo impuestas por la American Smelting and Refining Company (ASARCO), que consideraban inhumanas, y exigir justicia al Gobierno federal.
La caravana, también llamada «del Hambre», llegó al Zócalo de Ciudad de México después de recorrer mil 400 kilómetros durante 49 días. Más de 4 mil mineros y sus familias fueron desalojados de inmediato y confinados en el Parque Deportivo 18 de Marzo, el cual fue cercado por el Ejército y la Policía. El 20 de abril fueron subidos por la fuerza a trenes de carga, cual ganado, y regresados a sus lugares de origen. El presidente Miguel Alemán Valdés y el gobernador Raúl López Sánchez, quienes habían sido compañeros en la Facultad de Derecho de la UNAM, les dieron con la puerta en las narices, pero no evitaron que el movimiento, apoyado por Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros, ganara un amplio respaldo social y reconocimiento internacional.
La imposición de autoridades desde el centro se apartaba de las reglas democráticas, pero tenía una virtud: se reservaba el derecho de admisión. No aceptaba improvisados ni a representantes de la Iglesia o del capital. Los candidatos debían reunir condiciones inexcusables: lealtad a toda prueba al Ejecutivo, experiencia en el Congreso de la Unión o en el Gobierno federal, y una disciplina férrea para aceptar sacrificios cuando el dedo presidencial apuntara hacia otro lado. Las cosas cambiaron para peor cuando los gobernadores empezaron a decidir sus propias sucesiones.
Desde entonces, los delfines de los mandatarios estatales han sido alcaldes, familiares y colaboradores dúctiles, carentes de veteranía. En el Estado de México, Enrique Peña Nieto heredó el cargo de su pariente y mentor Arturo Montiel. Pese a las denuncias de enriquecimiento ilícito presentadas por la oposición, Montiel nunca fue investigado. Sin embargo, ningún caso de nepotismo supera aún al de Coahuila, donde Humberto Moreira impuso a su hermano Rubén. El círculo de impunidad se cerró sin que los partidos, la sociedad ni los empresarios hicieran nada para evitarlo, más allá de algunas poses de aparente indignación y críticas veladas.
Libres del poder central que podía destruirlos políticamente en un abrir y cerrar de ojos, los mandatarios locales llevaron a sus estados las prácticas del viejo modelo presidencial y se volvieron absolutos e intocables. El periodo de mayor violencia, expansión del narcotráfico, desapariciones forzadas y corrupción subnacional coincide, precisamente, con las presidencias de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, quienes dejaron al garete los estados.
El expresidente Andrés Manuel López Obrador puso a raya a los gobernadores, y la presidenta Claudia Sheinbaum tensa las riendas y los llama a cuentas. La tarea la empezó con exmandatarios del PAN y del PRI, pero quienes piensen que los de Morena están exentos, todavía no la conocen lo suficiente. Lo ocurrido en Sinaloa es un primer aviso: Rubén Rocha Moya regresó a la gubernatura después de una licencia sin consultarlo con la presidenta, solo para separse del cargo a las pocas horas, quizá definitivamente. Su reemplazo es una mujer: Graciela Domínguez.
