La Diputación Permanente aprobó un punto de acuerdo para solicitar a la Procuraduría Federal del Consumidor y a la Secretaría de Educación Pública que refuercen las acciones de vigilancia durante el periodo de regreso a clases. La medida busca prevenir y sancionar posibles prácticas comerciales abusivas por parte de instituciones educativas particulares en la venta de útiles, libros y uniformes.
El pronunciamiento también incluye una solicitud a la Comisión Nacional Antimonopolio para que intervenga en caso de detectar conductas que limiten la libre competencia. De acuerdo con estimaciones oficiales, el gasto promedio por estudiante para el próximo ciclo escolar puede alcanzar los diez mil pesos, concentrados en inscripciones, materiales escolares y calzado.
El dictamen señala que algunas escuelas privadas condicionan la prestación del servicio a la compra exclusiva de insumos con proveedores previamente designados, lo que impide a las familias comparar precios en el mercado. Al respecto, la Procuraduría Federal del Consumidor precisó en sus lineamientos oficiales que no se puede obligar a los tutores a adquirir productos en establecimientos específicos, por lo que estas acciones son sujetas a denuncia. La iniciativa orienta sus esfuerzos a brindar certeza jurídica y proteger la economía familiar.
