En un reporte publicado por Verónica M. Garrido para El País, se detalla la crisis que enfrenta la producción de aguacate en Michoacán, atrapada entre el chantaje del crimen organizado y las demandas de seguridad de Estados Unidos. Diversas organizaciones delictivas mantienen esquemas de extorsión contra agricultores, empacadores y transportistas de la región, lo que motivó la suspensión temporal de las importaciones por parte de las autoridades estadounidenses tras recientes episodios de violencia.
Frente a este escenario, el Gobierno mexicano reforzó el denominado Plan Michoacán mediante el despliegue de más de mil 500 elementos adicionales de la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas, además de la instalación de un Centro Regional de Fusión de Inteligencia en Uruapan. De acuerdo con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, las operaciones han derivado en 950 detenciones de objetivos prioritarios vinculados a distintas células delictivas.
A pesar de los avances operativos reportados por las autoridades, la suspensión de envíos afecta un mercado clave que representó más de 3 mil 600 millones de dólares el año pasado. La estrategia gubernamental busca garantizar la certidumbre en las zonas de cosecha y empaque para reanudar el comercio internacional de este fruto.
