El despojo del 55 % del territorio nacional —donde hoy se asientan, parcial o totalmente, 10 estados de la Unión— mediante la firma del Tratado Guadalupe-Hidalgo en 1848, marcó la historia de la relación entre Estados Unidos y México. El Gobierno de James K. Polk (demócrata) pagó 15 millones de dólares al de Manuel de la Peña —uno de los múltiples presidentes de nuestro país en ese periodo turbulento— por casi 2.4 millones de kilómetros cuadrados. Así se «cumplía» el Destino Manifiesto, cuyo «mandato divino» concedía al entonces imperio naciente el derecho de expandirse por el continente sin reparar en los medios.
Polk justificó ante el Congreso la apropiación con una mentira: «La agresión de México nos obligó a apelar a las armas para asegurar la justicia y defender nuestro honor nacional (…) Los estados de Nuevo México y las Californias constituyen una compensación justa por los gastos de la guerra. Estas provincias deben ser retenidas por los Estados Unidos como indemnización». México, según Polk, había «cruzado» la frontera, «invadido» territorio de Estados Unidos y «derramado sangre americana sobre suelo americano». El enfrentamiento lo provocaron las tropas extranjeras en una zona bajo jurisdicción mexicana. Sin embargo, los hechos se tergiversaron para justificar la ocupación.
De la Peña, quien formaba parte del ala moderada del Partido Liberal, defendió la firma del tratado ante el Congreso de Querétaro, donde el Gobierno provisional se había instalado por la invasión de Estados Unidos. «La Nación —dijo— está vencida y desarmada, pero existe; está con nosotros. Somos la Nación». De la Peña apoyó en su juventud al movimiento independentista. Luego se desempeñó como diputado constituyente y presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En ese carácter sustituyó a Antonio López de Santa Anna tras la derrota militar de 1847. Esto abrió el camino para que, en 1853, el dictador volviera al poder por undécima y última ocasión.
Casi dos siglos después de que James K. Polk mutilara geográficamente al país —cuya herida se simboliza en el Río Bravo—, la retórica efectista que ha caracterizado a Donald Trump revive los viejos sueños imperiales. Hoy, bajo el pretexto del combate al narcotráfico, Washington amaga con operaciones militares en suelo soberano. El asedio es abierto y la presión permanente: va desde los aranceles hasta las amenazas de una «intervención quirúrgica». El Destino Manifiesto cambia de rostro, pero su espíritu expansionista ahora ya no solo mira al sur, sino también al norte (Canadá y Groenlandia).
Estados Unidos justifica su injerencismo mediante una interpretación torcida de la democracia, la cual, con Trump, se ha degradado. Pues, de acuerdo con el Índice de democracia de The Economist 2024, Estados Unidos tiende hacia el autoritarismo competitivo (frontera del autoritarismo). En uno de sus acostumbrados actos de prestidigitación, Trump se sacó de la manga el Escudo de las Américas, cuyo propósito consiste en imponer en América Latina presidentes de ultraderecha; con ello pretende «extirpar» a los Gobiernos democráticos de izquierda y frenar el avance de China. La denominación de organizaciones terroristas a los carteles de la droga le brinda el pretexto para invadir terceros países por la vía militar. El conejillo de indias fue Venezuela, donde Trump derrocó al presidente Nicolás Maduro y se apropió de una parte de su riqueza petrolera.
