La Corte Suprema de Estados Unidos permitió al gobierno de Donald Trump reanudar la construcción del muro fronterizo en una zona de Texas que abarca el Parque Nacional Big Bend y el Parque Estatal Big Bend Ranch.
A través de un auto sin firma, el máximo tribunal desautorizó la orden judicial emitida por un tribunal federal de distrito que mantenía frenado el proyecto en la región. En su fallo, la Corte argumentó que dicha restricción impedía al gobierno avanzar en sus objetivos apremiantes de seguridad e integridad fronteriza, concluyendo que el interés estatal supera cualquier daño estético, recreativo o ambiental alegado por los demandantes. La jueza Ketanji Brown Jackson presentó la única opinión disidente del dictamen.
El conflicto legal surgió tras una demanda interpuesta por el Center for Biological Diversity junto con otras organizaciones. Las entidades impugnaron la decisión del gobierno federal de eximir decenas de leyes ambientales para agilizar las obras de la barrera fronteriza, valuadas en 1,700 millones de dólares.
El plan a cargo del Departamento de Seguridad Nacional contempla la instalación de barreras físicas, caminos de patrulla, iluminación y tecnología de detección dentro de este espacio protegido, reconocido internacionalmente por su biodiversidad y por albergar ecosistemas de desierto, río, montaña y el emblemático Cañón de Santa Elena.
Tras conocerse la resolución, Laiken Jordahl, representante del Center for Biological Diversity, calificó el fallo como una decisión horrenda y señaló que la Corte Suprema dio luz verde a la destrucción de uno de los parques nacionales más valiosos del país. Las obras en tierras públicas se habían pausado previamente tras la fuerte oposición de comunidades locales.
