El Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum modificó la estrategia económica de México al abrir las puertas a los bancos multilaterales de desarrollo. Esta medida busca reactivar la economía nacional tras registrarse un crecimiento del 0.6% en 2025, un estancamiento derivado de la incertidumbre comercial global y de las dudas empresariales ante la reciente reforma judicial. A diferencia de la administración anterior, que financió sus obras prioritarias exclusivamente con el presupuesto público, el actual gobierno recurre al capital internacional para financiar proyectos clave sin comprometer la estabilidad de las finanzas del país.
La nueva etapa de cooperación quedó bajo el foco internacional con la visita a Palacio Nacional de Nadia Calviño, presidenta del Banco Europeo de Inversiones, quien anunció una movilización de 3,000 millones de euros. Este monto se suma a los 300 millones de dólares del Banco de Desarrollo para América Latina y el Caribe destinados al sector eléctrico, y a una línea de crédito de 25,000 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo. El objetivo central de estos fondos no es financiar directamente al sector público, sino ofrecer garantías y créditos a las empresas privadas, tanto mexicanas como extranjeras, que decidan invertir en el desarrollo de infraestructura y energía.
La participación de estos organismos internacionales funciona como un mitigador de riesgos que eleva la certidumbre jurídica y reduce la desconfianza del sector privado. El consultor financiero Jorge Sánchez Tello explica que el respaldo técnico de estas instituciones facilita los modelos de contratos mixtos, multiplicando la inversión privada por cada dólar aportado por la banca de desarrollo. Con este giro pragmático, la administración federal busca superar las reticencias de los empresarios, quienes anteriormente habían manifestado su preocupación por la burocracia fiscal y los cambios en el Poder Judicial.
