La ley general para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas, protección y asistencia a víctimas de estos delitos, define a la trata como: «Toda acción u omisión dolosa de una o varias personas para captar, enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar a una o varias personas con fines de explotación». Se incluye en ello la esclavitud, la condición de siervo, prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, explotación laboral, utilización de personas menores de 18 años en actividades delictivas, matrimonio forzoso o servil, entre otras acciones.
Un dato más que se mezcla entre tantas versiones y análisis del caso de Debanhi en Nuevo León, es que se tiene que considerar que el municipio de Escobedo es la zona de confort de uno de los tantos carteles que se multiplicaron en nuestro país en los últimos sexenios. No sería raro pensar que muchas de las «quintas» del municipio de Escobedo fueran propiedad del crimen organizado, en este caso del Cartel del Noreste (CDN).
Tampoco es descabellado pensar que, aunque se diga que los dueños del motel Nueva Castilla (a donde Debanhi ingresó sola) y otros tantos hoteles turísticos o de paso, son de los españoles José Fernández Pérez y José Barros Janeiro, sea Juan «Jua- nito» Cisneros Treviño, quien tenga la ad- ministración. También hay que ubicar la cercanía del kilómetro 26 de la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, que algunos han apodado «zona de exterminio» por la cantidad de personas desaparecidas desde el verano pasado.
El dato de Juan Cisneros lo proporciona Juan Bermúdez en su artículo «Debanhi, víctima de dos “narco juniors”», publicada en el sitio Periodistas sin Censura. No cual- quiera ubica quién tomó el liderazgo de un cartel, tras la captura de su anterior líder. Y es que, tras la detención de Juan Gerardo Treviño Chávez, el Huevo, en Nuevo La- redo, Tamaulipas, presunto líder del Cartel del Noreste, el domingo 13 de marzo, Jua- nito asumió el control. Con este hilo, la red de trata estaría perfecta para vincular a los estados del noreste incluso con lo que co- rresponde al estado de Tlaxcala, donde los tratantes son expertos.
«Mi hija está muerta y no sé qué hacer. Estoy molesto porque me equivoqué, creí en la Fiscalía», declaró a la prensa Mario Escobar, padre de Debanhi. Esclarecer este caso es responsabilidad de la Fiscalía de
Nuevo León. La ciudadanía no puede esperar justicia con tantos errores, faltas a los protocolos que omitieron con la familia Escobar y la negación de la siembra del cuerpo. La justicia solamente va a llegar a México cuando las mujeres podamos vivir una vida libre de violencia, que no implique la fabricación de chivos expiatorios. Para ello se requiere cortar los hilos corruptos tan enlazados entre tantas personas implicadas en grupos de poder económico y político.
Ojalá que este caso sirva para nombrar y encontrar a las mujeres que desaparecen y no importan, a las que son visibles el día en que aparecen sus cuerpos sin vida; migrantes, pobres, sin familiares directos, cuyas violaciones, desapariciones o asesinatos las encuentran solas. Mujeres sin amistades o conocidos que exijan la verdad a las autoridades, además de un entierro digno para no ser almas en pena buscando descanso eterno.
Ni una más, ni una asesinada más. E4
Su labor en defensa de los derechos humanos inició a principios del año 2000 cuando se involucró en la oficina de comunicación social de la diócesis de Saltillo y en 2003 se convirtió en la primera mujer en dirigir un espacio así dentro de la Iglesia, con la particularidad de ser laica y feminista.
Debido al acompañamiento que realiza Jaqueline a personas campesinas, migrantes, privadas de su libertad, víctimas de tortura y de otras violaciones a los derechos humanos; ha enfrentado amenazas y persecución judicial por parte de los Gobiernos municipal y estatal, las fuerzas armadas, medios de comunicación y los grupos conservado- res en el seno de la Iglesia.
