Salvo el escándalo que provocó el aparente divorcio PRI-PAN —por la publicación del acuerdo subrepticio entre las cúpulas nacionales de la Alianza Ciudadana por un Coahuila Seguro— y las manifestaciones por el nombramiento del rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Octavio Pimentel, los 100 primeros días de Gobierno de Manolo Jiménez transcurrieron sin sobresaltos mayores. La hegemonía del PRI en el estado y la línea de sucesión seguida desde 2011 permitió a los gobernadores expandir el control político y atraer a sectores como el empresarial, cuya influencia ha crecido a costa de otros.
Uno de los mayores desafíos de Jiménez consiste en demostrar que no todos los treintañeros que han llegado al poder están condenados al fracaso y a la mediocridad. La generación de gobernadores ponderada por el presidente Enrique Peña Nieto como «el nuevo rostro» del PRI devino en fiasco y resultó altamente venal. Cuatro de ellos permanecen entre rejas, acusados de enriquecimiento ilícito, desvío de recursos, peculado, asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita: Javier Duarte (Veracruz), Roberto Borge (Quintana Roo), César Duarte (Chihuahua) y Roberto Sandoval (Nayarit). El coahuilense Humberto Moreira estuvo preso en España, a principios de 2016 por sospechas de lavado de dinero, pero al cabo de una semana regresó a México.
A diferencia de sus predecesores inmediatos, Jiménez proviene de una familia de empresarios y políticos. Esa circunstancia facilitó su ascenso y ahora, como gobernador, le permite congeniar con los grupos de poder y establecer relaciones de cooperación con las élites de Saltillo y La Laguna. El protagonismo del sector privado aumentó desde que se convirtió en legitimador de elecciones y de Gobiernos cuestionados. Jiménez empieza a soltar lastre del pasado y a ejercer el mando sin injerencias que pongan su autoridad en entredicho.
La falta de una oposición real y de liderazgos sólidos también son propicios para la administración. En los comicios para gobernador del año pasado, Morena alcanzó apenas 287 mil 660 votos, casi medio millón por debajo de la alianza PRI-PAN-PRD. El escenario podría cambiar el 2 de junio, pues la elección presidencial incide siempre en las de alcaldes, senadores y diputados. En los cuatro últimos procesos, el PRI perdió los escaños senatoriales de mayoría relativa; tres con el PAN y uno con Morena. Si la historia se repite, el exgobernador Miguel Riquelme obtendría el asiento de primera minoría que ahora ostenta la lagunera Verónica Martínez y antes ocuparon Alejandro Gutiérrez, Jesús María Ramón y Braulio Manuel Fernández.
La supuesta ruptura PAN-PRI podría afectar al partido del gobernador en las elecciones de alcaldes más competidas y beneficiar a Morena, sobre todo si hay voto en cascada para la coalición que postula a Claudia Sheinbaum. El nombre de López Obrador no estará en las boletas, pero sí su figura. La votación del PAN se desplomó el año pasado por aliarse con el PRI y no presentar un perfil propio para la gubernatura, pero Xóchitl Gálvez podría favorecer a sus candidatos a presidentes municipales. Máxime si Acción Nacional sale del letargo, se reconcilia con sus votantes y revive la rivalidad con el PRI en el estado. El primer paso en ese sentido lo dio el líder nacional panista Marko Cortés al acusar a Jiménez de incumplir el pacto político electoral de 2023 que concedía al PAN, además de notarías y diputaciones, la alcaldía de Torreón.
