El mundo es hoy más peligroso para vivir que nunca debido a la corrupción. El informe de Transparencia Internacional (TI) 2022 no deja lugar a dudas al respecto. Tras hacer la vista gorda tanto tiempo, a los Estados no les queda más salida que erradicar el flagelo en todos los niveles, de lo contrario, el descontento social devendrá en violencia. Así lo advierte Delia Ferreiro Rubio, presidenta de la ONG con sede en Alemania. El Índice de Paz Global respalda el diagnóstico: a mayor corrupción, más inseguridad y mayor violencia. El balance es desalentador por donde quiera que se le mire: el 95% de los 180 países evaluados presenta desde 2017 avances mínimos o nulos en el combate a la corrupción.
El aumento de la violencia lo agrava la incapacidad de los Gobiernos para contrarrestar el fenómeno y «plantea peligros para las personas en todas partes del mundo», apunta Ferreiro. «La corrupción, el conflicto y la seguridad se encuentran profundamente interrrelacionadas». Transparencia señala que «el uso indebido, la malversación o el robo de fondos públicos pueden afectar a las mismas instituciones que están a cargo de proteger a los ciudadanos». También representan un riesgo para la vigencia del Estado de derecho y la paz, pues las privan de los recursos necesarios para cumplir su mandato. «Las organizaciones terroristas y de criminalidad suelen contar con la complicidad de funcionarios, autoridades de aplicación de la ley, jueces y políticos corruptos, lo cual les permite alcanzar objetivos y actuar con impunidad», dice la organización.
Transparencia Internacional insta a los Gobiernos a priorizar los compromisos contra la corrupción, para lo cual es preciso: 1) Reforzar los mecanismos de pesos y contrapesos; 2) Reivindicar los derechos a la información; y 3) Limitar la influencia privada. De ese modo se podrá «liberar al mundo de la corrupción y la violencia que esta trae aparejada». Daniel Ekiksson, director ejecutivo de TI, mira el vaso medio lleno: «El dato positivo es que los líderes pueden combatir la corrupción y promover la paz al mismo tiempo. Los Gobiernos deben abrir los espacios para hacer partícipe al público en la toma de decisiones, desde activistas y empresarios hasta grupos de jóvenes. En las sociedades democráticas, las personas pueden alzar sus voces para contribuir a erradicar la corrupción y exigir un mundo más seguro para todos nosotros».
En México y en Coahuila las instituciones creadas para prevenir y castigar la venalidad son una entelequia. Los sistemas nacional y estatal anticorrupción se distinguen por su inutilidad. Son burocracias al servicio del poder público y privado. En países donde la ciudadanía participa en los asuntos públicos y la juventud se rebela contra el estado de cosas, escándalos como el de la deuda por 40 mil millones de pesos ya habrían provocado manifestaciones populares, así como el encarcelamiento de funcionarios y empresarios. El moreirazo es un agravio permanente para los coahuilenses; y una burla que la Fiscalía Anticorrupción y el Instituto de Acceso a la Información Pública sean controlados por secuaces del clan. Ambos organismo deben ser depurados para ganar la confinaza de los ciudadanos. Las 400 denuncias por irregularidades financieras presentadas por la Auditoría Superior del Estado en los últimos años duermen el sueño de los justos.
