De acuerdo con la investigación realizada por El País México, el pasado 10 de noviembre, la nueva gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, se presentó en Tlapa con varios funcionarios, la presidenta de Inmujeres, Nadine Gasman, y autoridades de la zona. Al ritmo de tambores iban a presentar una estrategia para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra niñas y mujeres en la zona. Durante su campaña electoral ya prometió hacer de Guerrero un santuario para las mujeres. Pero esa estrategia no tiene solidez, ni liquidez, porque todavía se busca que les llegue dinero a las presidencias municipales para combatir esas violencias.
En México están prohibidos los matrimonio a esas edades, pero la ley es una cosa y la tradición otra. Ante los Principales y otros responsables comunitarios, las autoridades del Estado y federales ven disipada su fuerza.
Varias veces el asunto de la venta de niñas le ha salpicado al presidente Andrés Manuel López Obrador. Hace unos meses, esta práctica saltó con fuerza a los medios de comunicación y fue preguntado por ella. Siempre responde que no es algo generalizado, que no se puede culpar a las comunidades y que esos pueblos están llenos de valores. El mandatario visitó un par de días Guerrero, pero ese era un asunto, dijo, que no había ido a tratar, porque no era la regla, sino la excepción. Declaró que la difusión de esos matrimonios forzados obedece a “una campaña de quienes no conocen las comunidades ni las culturas de los pueblos”.
