La descoordinación y la falta de una estrategia vinculante ha impedido reducir la inseguridad y la violencia en México. Los estados han instrumentalizado políticamente el problema para eludir su responsabilidad y trasladarla a la federación. «Vinieron los soldados, vinieron los marinos. Los que no quisieron venir fueron los gobernadores. No quisieron venir a decir por qué aumentan los delitos del fuero común. ¿Por qué, en Guanajuato (y en otras entidades), le seguimos tirando la pelotita al Gobierno federal? Aumenta el narcomenudeo, aumenta la violencia familiar y seguimos diciendo: “que salgan los soldados, que salgan los marinos, que se salgan”». El senador Carlos Ramírez Marín exhibió el doble discurso en la sesión de la comisión permanente del 20 de junio.
El legislador yucateco del Partido Verde refutó las acusaciones del PRI y el PAN sobre la supuesta militarización del país y su rechazo —«por cálculo político»— al periodo extraordinario de sesiones para discutir el traspaso la de Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa. La reforma se aprobó el 28 de junio. Previamente, el Congreso de la Unión había otorgado atribuciones amplias a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para implementar la estrategia de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum. La SSPC coordinará el Sistema Nacional de Inteligencia y examinará la gestión de los fondos federales que se asignen a estados y municipios.
El 2 de septiembre, horas después de su primer informe, Sheinbaum presidió la 51º Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) donde pidió a los gobernadores pasar de las retóricas a las acciones. Para ello deberán promover ante los congresos locales reformas que homologuen las leyes generales del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de Investigación e Inteligencia y de Búsqueda de Personas. Aterrizar la estrategia —explicó— es que «en cada estado haya atención a las causas (de la violencia); inteligencia e investigación; fortalecimiento (…) de las policías estatales; y coordinación con el Gobierno federal, las fiscalías estatales y los tribunales de justicia». La coordinación mejorará con el nuevo Poder Judicial, apuntó.
Para cumplir los acuerdos del CNSP, los gobernadores deberán enfocarse en la formalización normativa de las mesas de paz en cada entidad y región. También se les fijó un plazo perentorio para aumentar el estado de fuerza de las policías estatales y de investigación, así como para reforzar los ministerios públicos y las fiscalías, cuyo vencimiento es en diciembre de 2029. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública expedirá un modelo operativo de homologación de academias e institutos. Cada estado deberá contar, al menos, con una academia de formación policial certificada por el Gobierno federal. La presidenta anunció una ley general contra la extorsión a la cual deberán sujetarse los estados. En lo sucesivo, el delito se perseguirá de oficio.
El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, subrayó la necesidad de fortalecer las policías estatales y municipales, y dotarlas de personal calificado. También es importante consolidar los centros de comando y de control. El funcionario recordó a los gobernadores que el 96% de los delitos cometidos en el país son del fuero común. La SSPC vigilará el desarrollo de la estrategia en cada estado. Los gobiernos más preparados y con los cuadros mejor calificados afrontarán menos problemas para cumplir los acuerdos con la presidenta. Depurar las policías, sobre todo donde hay indicios de corrupción y complicidad con la delincuencia organizada, es inaplazable.
