México, aunque ya se declaró con interés, se mantiene fuera de la tendencia regulatoria de la OCDE, donde 25 países ya impulsan restricciones de edad mínima
La preocupación internacional por el bienestar digital de los menores ha provocado un cambio drástico en las políticas públicas de los países más desarrollados. Según datos recientes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el interés por imponer restricciones de edad para el uso de redes sociales ha pasado de ser una iniciativa aislada a convertirse en un movimiento global en menos de dos años. A finales de 2023, apenas un país miembro analizaba formalmente esta posibilidad; sin embargo, para abril de 2026, la cifra de naciones que consideran o ya aplican estas leyes se ha disparado a 25. Este aumento de más del quíntuple en tan solo 16 meses evidencia una urgencia institucional por mitigar riesgos como el acoso, la obsesión digital y el acceso a contenidos inapropiados.
El debate actual no solo se centra en la necesidad de regular, sino en determinar cuál es la edad adecuada para que un joven gestione una identidad digital. La tendencia internacional se está consolidando en torno a los 15 y 16 años. Australia ha sido la nación pionera en este ámbito al establecer los 16 años como el límite legal mínimo, una decisión que ha servido de referencia para otros países que actualmente redactan sus propias normativas. Aunque existen jurisdicciones como Canadá, Austria o ciertos sectores de Estados Unidos que evalúan rangos menores, situados entre los 13 y 14 años, la mayoría de los legisladores coinciden en que la madurez necesaria para navegar en entornos diseñados para la captura de atención requiere una protección extendida hasta la adolescencia media.
A pesar del rápido incremento en el número de países interesados, la implementación real de estas medidas aún se encuentra en una fase inicial. De los 25 países identificados con actividad legislativa, solo Australia, Brasil e Indonesia cuentan con leyes plenamente vigentes y en funcionamiento. Los 22 países restantes se mantienen en etapas de consulta, debate parlamentario o propuestas técnicas. Esta brecha entre la intención y la aplicación refleja la complejidad técnica que supone verificar la edad de los usuarios sin vulnerar su privacidad y la dificultad de obligar a las plataformas tecnológicas a cumplir con normativas que varían según la frontera geográfica.
Resulta notable que, en este escenario de transformación regulatoria dentro de la OCDE, México no figura actualmente en las listas de países que están impulsando o considerando activamente restricciones de edad estrictas en sus marcos legales. Mientras gran parte de los socios comerciales y aliados estratégicos del país avanzan hacia un modelo de supervisión estatal, el contexto mexicano parece mantenerse al margen de esta ola legislativa específica. Esto sitúa a la región en una posición de observadora ante los resultados que puedan arrojar las leyes ya vigentes en otras latitudes, mientras el diseño de sistemas de verificación efectivos y la cooperación internacional entre gobiernos y empresas tecnológicas continúan siendo el principal desafío para garantizar un entorno digital seguro para la infancia.
