Los gobiernos neoliberales se caracterizaron por dar dinero a los ricos y quitárselo a los pobres. El salario se contuvo con el embuste de que subirlo por encima de la inflación provocaría carestía, desempleo y cierre de empresas. El dogma se echó por tierra en México. Gerardo Moyano habla de otro tabú roto, en el nuevo número de «Espacio 4» (791).
«La reducción de la jornada laboral en México dejó de ser una consigna simbólica para convertirse en el eje de una discusión estructural. La iniciativa para reformar el artículo 123 constitucional y establecer un máximo de 40 horas semanales —dos días de descanso obligatorios por cada cinco trabajados— avanzó en el Congreso en medio de un clima de polarización económica y política. La medida no sólo busca homologar estándares con los principales socios comerciales del país; plantea una redefinición profunda del pacto social entre capital y trabajo.
»México mantenía un límite constitucional de 48 horas semanales, uno de los más amplios entre las economías integradas al comercio global. De acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el país se ubica consistentemente entre las naciones donde más horas se trabajan al año. Esa intensidad laboral, sin embargo, no se tradujo históricamente en mejores salarios. Durante más de tres décadas, el ingreso mínimo perdió poder adquisitivo de manera sistemática, consolidando un modelo de competitividad basado en bajos costos laborales y jornadas extensas.
»La discusión sobre el tema debe leerse a la luz de ese antecedente. Según análisis recientes publicados por El País, la reducción del máximo semanal representa el siguiente paso lógico tras la política de recuperación salarial iniciada en 2019. El argumento central es que no basta con elevar el salario mínimo si el trabajador continúa atrapado en esquemas que limitan su tiempo de descanso, su vida familiar y su desarrollo personal. El salario puede recuperarse en términos nominales y reales, pero si el tiempo continúa absorbido por el trabajo, la calidad de vida permanece restringida.
»Entre 1982 y 2018, el salario mínimo mexicano sufrió una pérdida acumulada superior al 70 % en términos reales. Los incrementos anuales apenas compensaban la inflación, y en algunos años ni siquiera eso. La lógica predominante era que salarios bajos y flexibilidad laboral atraerían inversión. El resultado fue una precarización persistente, alta informalidad y un mercado interno debilitado que limitó la expansión del consumo y la movilidad social.
»Con el cambio de administración en 2018, la política salarial giró de manera radical. Desde 2019, el salario mínimo ha registrado aumentos anuales de dos dígitos nominales que, descontando inflación, implicaron una recuperación real significativa. Organismos internacionales como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) reconocieron que el incremento no generó los efectos inflacionarios catastróficos que algunos sectores anticipaban. La expansión del consumo interno y el dinamismo del empleo formal acompañaron ese proceso, aunque persisten retos estructurales como la informalidad laboral que supera el 50 % en ciertos segmentos.
»En ese contexto, la reducción de jornada aparece como la segunda fase de una agenda laboral más amplia: democratización sindical, eliminación del outsourcing abusivo y fortalecimiento de la negociación colectiva. La propuesta de 40 horas no es un hecho aislado, sino parte de un rediseño institucional que busca equilibrar la relación entre empleador y trabajador en un entorno de integración comercial profunda».
