Las personas cuidadoras deben ser incluidos en los programas sociales del Gobierno del Estado; brindarles una remuneración, que se les capacite y se les otorgue las mismas posibilidades para realizarse como individuos dentro de nuestra sociedad.
La Diputada Yolanda Elizondo Maltos, de la Fracción Parlamentaria “Evaristo Pérez Arreola”, del Partido Unidad Democrática de Coahuila, sometió a la consideración de este H. Pleno, la presente Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social, con el objeto de que incluyan dentro de sus Programas Sociales a los familiares que son cuidadores de los adultos mayores en situación de dependencia y tengan acceso al catálogo de beneficios, para que cuenten con las mismas posibilidades y oportunidades para realizarse como individuos dentro de nuestra sociedad.
Motivos
La Ley General de Desarrollo Social, en su artículo 8, establece que toda persona o grupo social en situación de vulnerabilidad tiene derecho a recibir acciones y apoyos tendientes a disminuir su desventaja.
Asimismo, el artículo 10 de la Ley para el Desarrollo Social del Estado de Coahuila de Zaragoza, señala a los sujetos del desarrollo social, que son todas las personas o familias que presenten una o más carencias sociales o se encuentren en situación de riesgo o vulnerabilidad, residiendo en Coahuila.
En la Presentación de Resultados del Censo 2020 para el Estado de Coahuila de Zaragoza, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)[1], indica que de los 3 millones 177 mil 771 que es la población total en la entidad, 349 mil 291.5 son adultos mayores de 60 y más, representando con esta cifra, el 11.1% de los coahuilenses; destacando que por cada 100 personas en edad de trabajar, 11 son adultos mayores dependientes económicos.
El envejecimiento es un elemento natural de la vida, pero no se puede negar que éste conlleva, en algunas ocasiones, una pérdida de funcionalidad y/o autonomía en las personas mayores. Es por ello, que surge la necesidad de contar con ayuda de otras personas para satisfacer las necesidades básicas e instrumentales, a través del apoyo de una persona cuidadora[2]. Estas personas cuidadoras en muchas ocasiones son familiares de los adultos mayores en situación de dependencia; sin embargo, aún y cuando están en edad de trabajar, estas personas cuidadoras enfrentan grandes desafíos y desventajas.
En efecto, estos familiares al no contar con recursos suficientes para contratar a profesionales de la salud que puedan atender y cuidar a sus adultos mayores o no tener acceso a una casa de retiro, se vuelven sus cuidadores quienes no reciben remuneración, ni cuentan con las prestaciones de ley por brindar apoyo para administrar los medicamentos, vestirlos, bañarlos, encargarse de las tareas domésticas, las comidas y todo lo relacionado con la salud de la persona mayor; también se enfrentan a estas tareas de asistencia sin capacitación previa, lo que conlleva un riesgo para la salud mental y física tanto del cuidador, como del adulto mayor que está bajo sus cuidados y finalmente muchos de estos cuidadores, deben dejar sus trabajos para dedicarse completamente a estas labores para el bienestar de su familiar que por su edad avanzada ya no puede valerse por sí mismo.
Así pues, la persona cuidadora es quien asume la responsabilidad del adulto mayor en todas las actividades que no puede realizar, es decir, en ellos se deposita el compromiso de preservar la vida de otra persona; sin embargo, estas personas cuidadoras al estar dedicadas íntegramente al cuidado de otras, se van aislando de la sociedad y dejando su vida productiva para servir a una sola persona.
Es por lo anterior, que solicitamos a la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social, incluya a las personas cuidadoras que atienden a sus familiares adultos mayores en situación de dependencia, en los programas sociales y catálogos de beneficios del Gobierno del Estado; y que además de brindarles una remuneración, también se les proporcione la capacitación y tengan las mismas posibilidades para realizarse como individuos dentro de nuestra sociedad.
No podemos olvidar como legisladores, buscar en todo momento la inclusión social de aquellos que se encuentran en condiciones de marginación, segregación y vulnerabilidad, para contar con una sociedad más justa, con igualdad de oportunidades y bienestar para todos los coahuilenses.
