Las alternancias entre el PRI y el PAN fueron tersas porque ya habían dejado de representar proyectos distintos y desde el Gobierno de Salinas de Gortari abrazaron los mismos intereses económicos y políticos. Treinta años de privilegios y simulación provocaron el triunfo de un movimiento social (Morena) en la elección presidencial de 2018. A diferencia de las sucesiones previas, la encabezada por Andrés Manuel López Obrador resultó turbulenta. No es solo un cambio de Gobierno, sino de régimen, dijo en su toma de posesión. Las élites nacionales y extranjeras —antes intocables— perdieron ventajas e influencia y actuaron en consecuencia.
AMLO fustigó desde el primer día el modelo neoliberal defendido por el PRI, PAN y PRD a capa y espada. «Suena fuerte, pero privatización ha sido en México sinónimo de corrupción. (…) El poder económico y el político se han alimentado y nutrido mutuamente y se ha implantado como modus operandi el robo de los bienes del pueblo y de las riquezas de la nación». El presidente atribuyó la desigualdad económica y social, la inseguridad y la violencia, que su Gobierno tampoco ha podido resolver, a «la deshonestidad de los gobernantes y de la pequeña minoría que ha lucrado con el influyentismo».
Si las elecciones presidenciales del año próximo dieran por ganador al candidato de los partidos y grupos de interés desplazados del poder, ahora bajo la tutela del Frente Amplio por México (FAM), el país podría experimentar un periodo de inestabilidad. Esta sería la respuesta obvia ante la eventual reimplantación del régimen anterior y el resultado del choque de dos visiones irreconciliables: la de un Estado débil, sometido al mercado y a la oligarquía; y la de un Estado rector por encima de los poderes fácticos. En ese escenario, el Gobierno de coalición (PAN-PRI-PRD) estaría en el peor de los mundos, máxime si el sucesor de AMLO adolece de dependencia. Pues por un lado tendría a Morena como principal fuerza opositora en el Congreso (Senado y Cámara de Diputados) y los estados; y por otro, la movilización en defensa de los programas sociales de Gobierno obradorista.
La situación se salvaría en la medida que el Gobierno y las élites entendieran las nuevas circunstancias del país y se adaptaran a ellas en vez de tratar de imponer sus intereses y regresar al antiguo modus operandi. Hasta algunos de los críticos más viscerales López Obrador y de la 4T (incluidos Xóchitl Gálvez y Santiago Creel, principales aspirantes del FAM a la presidencia), reconocen la pertinencia de las políticas sociales. Incluso han ofrecido conservarlas y aun mejorarlas, pues su cancelación dañaría a millones de mexicanos y generaría protestas. Las bases comunitarias de Morena serían las primeras en reaccionar si se anulan.
El futuro del país dependerá de si la mayoría de los mexicanos le brinda a Morena un periodo más en la presidencia, necesario para consolidar el proyecto de transformación iniciado por AMLO, o si se vuelve al modelo anterior basado en los privilegios para las minorías. El PAN no recibió esa oportunidad debido a su incompetencia y por haber faltado a su promesa histórica de combatir la corrupción (actuó en sentido inverso) y de enterrar al PRI (al cual se asimiló). En 2006 conservó el poder porque lo arrebató, en una elección a todas luces fraudulenta, con la aquiescencia del PRI. El dinosaurio regresó a Los Pinos con Enrique Peña Nieto peor de envilecido. No de balde es hoy la última fuerza política en los estados después de Morena, Movimiento Ciudadano y el PAN.
