«La excarcelación de Israel Vallarta, el 1 de agosto de 2025, no es una victoria de la justicia mexicana, sino una derrota del Estado de derecho», advierte Gerardo Moyano. «Vallarta no fue liberado por una revisión proactiva del sistema judicial para corregir errores, sino porque la jueza Mariana Vieyra Valdés declaró ilegales las pruebas obtenidas mediante tortura y montaje. La sentencia absolutoria —más de 400 páginas que revisaron casi 300 pruebas— concluyó que no había elementos para sostener los cargos de secuestro, delincuencia organizada, posesión de armas y privación ilegal de la libertad. En otras palabras: el Estado lo retuvo casi dos décadas sin condena y sin pruebas válidas. No se trató de un error aislado, sino de un engranaje institucional diseñado para sostener la narrativa fabricada por el poder».
El periodista reproduce la historia en el nuevo número de “Espacio 4”:
«En diciembre de 2005, la Agencia Federal de Investigación (AFI), dirigida por Genaro García Luna y operada por Luis Cárdenas Palomino, organizó un “operativo” televisado en el rancho Las Chinitas. Allí, ante las cámaras de Televisa y el periodista Carlos Loret de Mola, se recreó la supuesta detención de Vallarta y de la ciudadana francesa Florence Cassez, junto con el rescate de presuntas víctimas. La realidad: ambos habían sido arrestados un día antes y se les llevó al lugar para montar la escena.
»El montaje buscaba construir un relato de eficacia policial, pero destruyó el debido proceso. Años más tarde, la Suprema Corte reconocería que la manipulación mediática contaminó irremediablemente el caso Cassez, ordenando su liberación en 2013. Vallarta, sin embargo, quedó atrapado en la maquinaria judicial. El caso salpica a tres expresidentes. Vicente Fox (2000-2006) impulsó la carrera de Genaro García Luna al nombrarlo director de la Agencia Federal de Investigación (AFI) en 2001, cargo desde el cual comenzó a construir la estructura que más tarde derivaría en el montaje del caso Cassez-Vallarta y en su consolidación como figura clave de la seguridad federal.
»Felipe Calderón (2006-2012) no solo respaldó a García Luna, sino que lo ascendió a secretario de Seguridad Pública, consolidando una red de poder que hoy está bajo juicio histórico. En 2023, García Luna fue condenado en Estados Unidos por conspirar con el Cártel de Sinaloa. Enrique Peña Nieto (2012-2018) recibió un país que ya había reconocido el montaje de Cassez, pero no movió un dedo para revisar la situación de Vallarta. Su sexenio se caracterizó por el silencio en casos que podían incomodar a las élites judiciales y mediáticas.
»La liberación de Vallarta coincide con una reforma judicial impulsada por la administración de Claudia Sheinbaum. El discurso oficial promete depurar jueces y combatir la corrupción. Sin embargo, el problema es estructural: un sistema que permite que una persona pase 20 años presa sin sentencia no necesita solo jueces “honestos», sino un rediseño total. La sentencia que devolvió la libertad a Israel Vallarta fue dictada por la jueza Mariana Vieyra Valdés, titular del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal con sede en Toluca. En un fallo de más de 425 páginas, concluyó que la Fiscalía General de la República (FGR) no acreditó su responsabilidad en los delitos de secuestro, delincuencia organizada, portación de armas de uso exclusivo del Ejército y privación ilegal de la libertad.
»En el documento, la jueza detalló contradicciones sustanciales en los testimonios de las supuestas víctimas, ruptura de la cadena de custodia, pruebas incompletas, diligencias ejecutadas sin orden judicial y reconocimientos realizados en condiciones irregulares. A ello se sumaron denuncias de tortura que nunca fueron investigadas a fondo y el montaje mediático que contaminó de origen el proceso. El fallo reconoce que el operativo de detención fue una recreación para la televisión, organizada por la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI) y difundida como si se tratara de un hecho real. Vallarta no fue presentado de inmediato ante el Ministerio Público, lo que anuló la validez de las pruebas obtenidas a partir de ese momento».
