La periodista Elia Castillo Jiménez de El País, reportó que la presidenta Claudia Sheinbaum defendió los nuevos lineamientos sobre los derechos de las audiencias frente a críticas de la oposición, especialistas y medios de comunicación que advierten posibles riesgos de censura. Desde Palacio Nacional, la mandataria afirmó que la regulación no busca vigilar contenidos ni decidir qué es verdad, sino garantizar que los concesionarios de radio y televisión cuenten con códigos de ética para fortalecer el derecho a la información.
Por su parte, la consejera jurídica Luisa María Alcalde aclaró que las posibles sanciones previstas en la iniciativa responden únicamente a omisiones administrativas, tales como carecer de un código de ética o no designar un defensor de las audiencias, descartando castigos por el material periodístico difundido. Respecto a la exigencia de distinguir entre opinión e información, la funcionaria detalló que serán las propias empresas las que definan la mecánica para informarlo a sus usuarios.
A pesar de las posturas oficiales expresadas durante el proceso de consulta pública que concluye el 21 de agosto, diversos sectores críticos sostienen que las obligaciones propuestas sobre veracidad informativa podrían generar incentivos para la autocensura e incidir en la autonomía editorial.
