Después de la orgía de sangre causada por la guerra contra el narcotráfico, Coahuila logró volver a la normalidad. El costo fue enorme, pero sin la participación de los Gobiernos federal, estatal y municipales, las cosas habrían empeorado. Las organizaciones que sembraron pánico en todo el territorio, abandonaron la plaza. El sector privado participó en el esfuerzo, sobre todo en La Laguna, la región más castigada junto con Allende y Piedras Negras. Las fuerzas armadas jugaron un papel determinante. El estado cuenta hoy con cuatro cuarteles de la Guardia Nacional, en San Pedro, Piedras Negras, Frontera y Acuña, y 13 de la Defensa. La seguridad se convirtió en la bandera de las administraciones de Rubén Moreira, Miguel Riquelme y Manolo Jiménez.
El discurso político compara la situación del estado, gobernado por el PRI, con la de otros, virtualmente en llamas, donde Morena, el PAN y Movimiento Ciudadano ejercen el poder. Coahuila es de las entidades mejor protegidas del país. En los primeros días del Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, registraba cinco homicidios dolosos. El éxito de los últimos Gobiernos, en esta materia, es reconocido por tirios y troyanos, aunque el mérito también corresponde a la federación. La violencia se disparó en la gestión de Humberto Moreira y en los primeros años del Gobierno de su hermano Rubén empezó a remitir.
El miedo de la población de regresar a los tiempos de las masacres, las balaceras callejeras, los colgados, las desapariciones forzadas y enfrentamientos como el ocurrido en las inmediaciones del estadio del Santos en 2011, se explotó políticamente. Organizaciones empresariales y civiles hicieron campaña contra Morena y la 4T e indujeron el voto por el partido gobernante. Las coaliciones que postularon a Miguel Riquelme y a Manolo Jiménez, denominadas «Por un Coahuila Seguro» y «Alianza Ciudadana por la Seguridad», capitalizaron el momento. Riquelme ganó por los pelos, pero Jiménez consiguió una de las votaciones más copiosas.
La presidenta Sheinbaum y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar Harfuch, anunciaron el 8 de octubre la estrategia de seguridad del nuevo Gobierno. Se basa en cuatro pilares: Atender las causas del delito con programas sociales que reduzcan la pobreza y amplíen las oportunidades para los jóvenes. Consolidar la Guardia Nacional «mediante el fortalecimiento de sus capacidades operativas». Fortalecer la inteligencia y la investigación para afrontar a la delincuencia común y organizada con tecnología avanzada, identificación de patrones y dinámicas nuevas en las zonas con mayor incidencia. Y coordinación con el gabinete de seguridad.
Al Gobierno federal se le acabaron los pretextos para no dar resultados en cuestiones de seguridad. Culpar a la administración de López Obrador equivaldría a reconocer su fracaso y a pegarse un tiro en el pie. La presidenta Sheinbaum tiene mayoría calificada en las cámaras de Diputados y de Senadores. Su partido gobierna 24 estados y la reforma judicial se aprobó sin cambiar una coma. Entre las administraciones de Vicente Fox y de Felipe Calderón, el número de homicidios dolosos se duplicó: de 60 mil a 120 mil. Con Peña Nieto la cifra creció a 156 mil; y con López Obrador se disparó a 201 mil, si bien entre el primero y el último año de su gestión hubo una baja de 13 mil casos. El reto del tándem Sheinbaum-Harfuch consiste en revertir la tendencia desde ya.
