San Luis Potosí, Coahuila y Puebla son los estados con el mayor equilibrio presupuestario y transparencia entre sus Congresos y órganos de fiscalización durante este año, considera el Imco en su Informe Legislativo 2023.
Entre las funciones del Poder Legislativo y que por lo general se olvidan en la discusión de aplicación de políticas públicas y rendición de cuentas, está la fiscalización de los recursos públicos.
A nivel local, los Congresos son responsables de aprobar los presupuestos de su entidad y de auditar el ejercicio de los recursos públicos, por medio de sus órganos de fiscalización.
A partir de lo anterior, Imco analizó la estructura y asignación presupuestal de los congresos y órganos de fiscalización de los estados.
“Analizar su estructura y presupuesto es fundamental para monitorear su función de contrapeso y control presupuestario. Tanto los congresos como los órganos de fiscalización -o auditorías- desempeñan un papel clave a lo largo del ciclo presupuestario y en el equilibrio de la división de poderes”, indica el documento.
Como primer hallazgo, de que no se toma en cuenta la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas a nivel subnacional, es que en el 2023 el presupuesto aprobado de los poderes legislativos estatales sumó 21,196.5 millones de pesos: 74% para los congresos locales y 26% para los órganos de fiscalización.
Sin embargo, el resultado que más destacó Imco es que de las 32 entidades solamente en tres estados el presupuesto se ha distribuido equitativamente entre congresos y órganos de fiscalización. El primero es San Luis Potosí, cuya partida se divide entre 50.8% para el Congreso local y 49.2% para el órgano de fiscalización, el segundo es Coahuila con 51.2 y 48.8% y Puebla con 51.9 y 48.1 por ciento.
Imco refiere que tener solamente tres estados que buscan una asignación proporcional indica que a nivel general estatal no existe una política de vigilancia y fiscalización; en su mayoría, los “congresos estatales descuidan sus obligaciones y son cómplices de las inadecuadas prácticas de gobierno”.
Las tres entidades son la excepción en medio de que el promedio a nivel estatal muestra una tendencia a asignar más recursos al Congreso que al órgano de fiscalización; además, en 10 estados se destina menos de 20% del presupuesto del Poder Legislativo a sus auditorías estatales; de ahí destacan Morelos que destina 8.8% y Durango 6.6%, que representan entre siete y nueve centavos de cada peso aprobado al Poder Legislativo.
