La encargada de la embajada de México en Perú, Karla Ornelas, abandonó el país el sábado por la noche, marcando un nuevo hito en la escalada de la ruptura diplomática entre ambas naciones. Su salida se produce apenas una semana después de que el Gobierno peruano del presidente José Jerí le impusiera un «plazo perentorio» para dejar el territorio.
La partida de Ornelas fue confirmada por el organismo de Migraciones al borde de la medianoche, tras horas de especulación que incluso sugirieron que la exprimera ministra Betssy Chávez —acusada de rebelión y conspiración y cuyo asilo detonó la crisis— podría ir en el mismo vehículo hacia el aeropuerto Jorge Chávez.
Este incidente se repite en el historial reciente de las relaciones bilaterales, pues en diciembre de 2022, Perú ya había expulsado al entonces embajador Pablo Monroy, en represalia por el asilo concedido por México a la familia del expresidente Pedro Castillo. En el caso actual, el choque se intensificó luego de que Ornelas diera el visto bueno para que Chávez se refugiara en la sede diplomática.
El Gobierno mexicano sostiene que Chávez es una perseguida política, al igual que Castillo. Sin embargo, esta percepción es fuertemente cuestionada por la clase política peruana. El Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú ha suspendido la entrega del salvoconducto necesario para que Chávez pueda viajar a México, argumentando que el derecho de asilo diplomático se ha desnaturalizado al otorgarse a personas que, según su criterio, no son perseguidas.
A pesar de las tensiones, algunos expertos en derecho internacional insisten en que Perú debe honrar sus compromisos internacionales y facilitar una solución al conflicto que ha roto lazos diplomáticos que históricamente habían sido estables. No obstante, una encuesta reciente de Ipsos refleja el sentir mayoritario de la población peruana: un 79% considera que Betssy Chávez debe permanecer en el Perú para afrontar su juicio.
