El diputado federal plurinominal Rubén Moreira Valdez emitió declaraciones en las que calificó la política de comunicación del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo como un riesgo para la libertad de expresión en el país. Los señalamientos del legislador se dan en el contexto del debate nacional sobre la relación entre el Poder Ejecutivo y los medios de comunicación.
Sin embargo, los pronunciamientos del diputado contrastan con los registros documentados por organizaciones de libertad de expresión respecto a su propio desempeño como gobernador de Coahuila durante el periodo 2011-2017. Durante dicha gestión estatal, el modelo de comunicación se caracterizó por una centralización presupuestaria mediante la asignación discrecional de pautas de publicidad oficial, utilizada como mecanismo de control editorial.
Reportes sectoriales de ese sexenio señalan que el aparato estatal coahuilense implementó un monitoreo sistemático de contenidos informativos, ejerciendo presión directa para modificar coberturas sobre seguridad y finanzas públicas. Asimismo, se impulsaron reformas legales que restringieron el acceso a la información y penalizaron la difusión de ciertos hechos delictivos, dinámicas que analistas locales señalan como un antecedente de cerco a la actividad periodística en la entidad.
