Nota tomada de La Razón, escrita por Alan Gallegos.
La Auditoría Superior del Estado de Coahuila (ASE) detectó un faltante financiero de 181 millones 780 mil 368 pesos en el último año de la administración de Miguel Ángel Riquelme Solís como gobernador. Este monto equivale a siete veces el presupuesto destinado anualmente a organismos encargados de la atención a grupos vulnerables, como la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas y la Comisión de Búsqueda de Desaparecidos.
En el Presupuesto de Egresos 2025, estos organismos recibieron partidas de 24 millones 77 mil 187 pesos y 24 millones 997 mil 546 pesos, respectivamente, cifras significativamente menores al monto de las irregularidades detectadas.
La ASE, a través de un informe publicado el 31 de diciembre de 2024, reportó irregularidades tras realizar dos Auditorías de Cumplimiento y una de Cumplimiento en Inversión y Obra Pública al ejercicio 2023. Las principales observaciones incluyen:
- Auditoría ASE-03891-2024: 271 observaciones con anomalías por un valor de 84 millones 319 mil 223 pesos.
- Auditoría ASE-14656-2023: 144 observaciones con irregularidades por 55 millones 805 mil 462 pesos.
- Auditoría específica sobre Inversión y Obra Pública: 24 observaciones por 41 millones 655 mil 682 pesos.
Entre las irregularidades destacan violaciones a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila, cuentas bancarias que no coinciden con lo informado en la Cuenta Pública, erogaciones sin comprobación y deficiencias en la inspección de obras.
La ASE notificó a las entidades fiscalizadas los pliegos de observaciones y les otorgó un plazo improrrogable de 40 días hábiles para solventar las anomalías detectadas. De no cumplirse con los requerimientos, se iniciarán procedimientos conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
El informe resalta que las observaciones forman parte de un esfuerzo por garantizar la transparencia y la correcta aplicación de los recursos públicos, destacando la importancia de rendir cuentas a la ciudadanía.
