El Partido Acción Nacional abdicó de los principios que durante 78 años lo mantuvieron de pie en Coahuila. En ese periodo fue objeto de persecuciones, fraudes y campañas infamantes. La alianza con el PRI, a cuyos Gobiernos acusó de autoritarios y al «moreirato» de venal, contradice su historia, desalienta a su militancia y burla a miles de ciudadanos que creyeron en sus compromisos con el cambio y contra la corrupción. Pactar con el poder equivale a rendición. Sin posibilidades de ganar la gubernatura por sí solo, optó por bloquear la alternancia que buscó por tanto tiempo. Morena es el pretexto. Apenas en tres años, el movimiento del presidente Andrés López Obrador desplazó al PAN como segunda fuerza electoral en el estado y se convirtió en el principal riesgo para la hegemonía local.
El 6 de junio de 2017, mientras el PRI celebraba tímidamente un victoria puesta en duda, legiones de coahuilenses convocados por Guillermo Anaya, excandidato del PAN a la gubernatura, tomaban las calles para demandar la anulación de las elecciones y el fin del «moreirato». La marea humana, compuesta por familias completas, partió del Ateneo Fuente y desembocó frente al Palacio de Gobierno donde hizo temblar los cimientos del sistema. Coahuila jamás se había rebelado con tanta rabia y energía en defensa del voto. La mayor movilización se registró en Saltillo. «La gente respondió increíblemente. Convocamos por las redes sociales apenas unas horas antes. El primer sorprendido fui yo», me dijo Anaya años más tarde.
Banderas de México, escudos del PAN y globos azules y blancos enmarcaron el movimiento que tuvo en vilo al Gobierno y al PRI durante casi seis meses. Adultos, jóvenes e incluso niños portaban carteles cuyo contenido coreaban tras 12 años de Gobierno en los cuales el estado acumuló una deuda por 40 mil millones de pesos, la más alta del país, y vivió la peor escalada de violencia. Las masacres de Allende y Piedras Negras le dieron la vuelta al mundo. «Los Moreira nos hundieron. ¿Qué sigue, arruinar al país? No más deuda, nepotismo ni muertes. No más PRI», «Coahuila ya decidió», «Los marranos más trompudos se quieren robar la elección», eran las proclamas.
El mismo día, los laguneros que votaron contra el clan y su candidato Miguel Riquelme colmaron la Plaza Mayor de Torreón. Las marchas se repitieron por semanas y meses en San Pedro, Monclova, Sabinas, Acuña y Piedras Negras. En el Instituto Nacional Electoral (INE) algunas voces apoyaban la cancelación del proceso. No tanto por las irregularidades cometidas antes, durante y después de la jornada: la intromisión de Fuerza Coahuila (creada por Rubé Moreira para amedrentar a la población) y el secuestro de paquetes electorales, sino porque los candidatos del PRI y el PAN habían rebasado el tope de gastos de campaña.
La Constitución prevé que cuando el margen entre el primero y el segundo lugar es inferior al tres por ciento y los gastos exceden el límite legal, la falta pudo haber determinado el resultado y por tanto la elección debía anularse. Riquelme en Coahuila y Alfredo del Mazo en el Estado de México estaban en la cuerda floja. Sin embargo, ni el INE (bajo la presidencia de Lorenzo Córdova) ni el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dieron el paso al frente. En medio de la presión social y la zozobra, el presidente Peña Nieto recibió en Los Pinos a Del Mazo y a Riquelme en calidad de gobernadores electos.
