Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya se eligen; no en las urnas, sino por voto indirecto. La decisión recae en 85 senadores (número equivalente a las dos terceras partes del total), sin obedecer a nadie, excepto a sus jefes políticos y a la ideología de cada partido. El presidente de la república de turno propone una terna por cada vacante en el Tribunal Constitucional. Si en 30 días los legisladores no resuelven o rechazan la lista, el mandatario designa directamente. De ese modo Lenia Batres ocupó el lugar de Arturo Zaldívar, quien renunció a la SCJN el 23 de noviembre pasado para incorporarse al equipo de la ahora virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum.
La SCJN la componen 11 ministrios: Norma Lucía Piña, su actual presidenta, y Javier Laynez Potisek fueron propuestos por Enrique Peña Nieto. Luis María Aguilar, Jorge Mario Prado, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Alberto Pérez Dayán, por Felipe Calderón. Juan Luis González Alcántara, Yasmín Esquivel Mossa, Ana Margarita Ríos Fajard, Loreta Ortiz Ahlf y Lenia Batres, por Andrés Manuel López Obrador. Los jueces designados por presidentes del PAN y el PRI suman seis. Con esa mayoría y el voto de ministros presentados por AMLO, el Tribunal ha frenado reformas de la 4T.
De acuerdo con la norma, vigente desde el 31 de diciembre de 1994, los partidos con más votos en la Cámara Alta eligen a los ministros recomendados por el presidente, a veces sin haber tenido, como Eduardo Medina Mora, carrera judicial. En otros casos las principales fracciones parlamentarias se unen para repartirse los asientos. El PRI y el PAN lo hicieron antes de que Morena se convirtiera en la primera fuerza en el Congreso. La SCJN, pues, está influida por factores políticos e ideológicos. Lo mismo ocurre en la Corte Suprema Estados Unidos, donde seis de sus nueve miembros fueron nombrados por George Bush (padre e hijo) y Donald Trump, del Partido Republicano; dos por Barack Obama y uno por Joe Biden (Partido Demócrata).
Las reformas del presidente Ernesto Zedillo de mayor calado por su trascendencia fueron la judicial, que disolvió la SCJN, acto que algunos especialistas calificaron de «golpe de Estado»; redujo de 26 a 11 el número de ministros y limitó su ejercicio a 15 años, antes eran vitalicios; creó el Consejo de la Judicatura y los juicios de controversia constitucional y acciones de inconstitucionalidad. La reforma electoral de 1996 dio paso a la primera alternancia en el poder. Zedillo se comprometió en su toma de posesión a emprender la transformación política del país, y cumplió. La agenda reformista del presidente Andrés Manuel López Obrador pasa también por el Poder Judicial y es más profunda, pues busca un cambio de régimen con el apoyo de las urnas.
El bloque de la SCJN adverso a AMLO, encabezado por su presidenta Norma Piña, cometió el error de tomar partido por la oposición y los poderes fácticos en las elecciones del 2 de junio para detener una iniciativa contraria a sus intereses. De haber conseguido el triunfo Xóchitl Gálvez, ese sector de la Corte habría ganado influencia, no necesariamente en favor del país y de la justicia. Sin embargo, los electores optaron por Claudia Sheinbaum y la 4T. La reforma es inminente, mas no la deben inspirar el encono ni los afanes revanchistas, sino un auténtico compromiso con la democracia, sin importar condición social y económica ni preferencia política.
