La federación y los estados cojean financieramente del mismo pie: no disponen de recursos suficientes para emprender obras de infraestructura mayor ni para satisfacer la demanda de equipamiento y servicios públicos. México tiene una de las recaudaciones tributarias más bajas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con respecto al PIB. Incluso está por debajo de Cuba, Barbados, Brasil, Argentina, Jamaica y Uruguay. Las tasas del IVA y del ISR no ha subido en el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. El incremento de los ingresos federales (1.6% en el periodo 2019-2020) se ha basado en inspecciones orientadas a la evasión y la elusión, de acuerdo con el informe «Estadísticas tributarias en América Latina y el Caribe 2022» (El Economista, 27.04.22).
El Gobierno de la 4T también ha recurrido a ahorros y recortes presupuestarios, así como a la eliminación de fondos federales (la controvertida austeridad republicana) para financiar sus programas sociales. De otro lado es reacio a utilizar los esquemas de inversión de largo plazo denominados Asociaciones Público Privadas (APP), los cuales se establecieron en la administración de Felipe Calderón. Enrique Peña les sacó provecho para suplir, con capital privado, la insuficiencia de recursos para construir hospitales, vivienda y cárceles de máxima seguridad. El modelo, según AMLO, es un mal negocio para los estados y para la federación.
«Un hospital que puede construir el Estado en 500 millones, lo tenían que pagar en cinco mil millones, aunque les parezca increíble. Yo cuando hablo tengo pruebas. Cuando fui jefe de gobierno construí un hospital de 120 camas con 350 millones de pesos e hicieron luego otro hospital con la fórmula de APP y gastaron cinco mil millones y luego hicieron otro con siete mil millones, le descuentan de participaciones al Estado de México cada año 500 millones de pesos por estos hospitales», declaró en rueda de prensa (Infobae, 26.011.21).
Coahuila adoptó el esquema de las APP en 2021 debido a las limitaciones impuestas por la deuda, cuyo servicio costará más de 6 mil 700 millones de pesos este año. Es una forma de reducir rezagos y de no exponer al estado a mayores presiones por la falta de obra. El presupuesto de 2023, por 64.2 mil millones de pesos, está comprometido y la administración no puede contratar créditos a largo plazo ni elevar impuestos. En parte para no asumir los costos políticos, pero también por la oposición a gravar más a los coahuilenses. Ya bastante tienen con la megadeuda.
El país y el estado necesitan una reforma fiscal integral que les permita cubrir el máximo de necesidades sociales y de infraestructura. Los grandes proyectos de la 4T (Tren Maya, Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, Refinería de Dos Bocas y Corredor Interoceánico- Istmo de Tehuantepec) han consumido enormes cantidades de dinero, desbalanceado el presupuesto y afectado a los estados y a sectores estratégicos, precisamente por no contar con ingresos adicionales para hacerlos posible. Las reformas hacendarias de los últimos sexenios no resolvieron el problema, pues se centraron en la base de contribuyentes de siempre y conservaron el régimen de exenciones y privilegios tan dañino para la república.
El futuro Gobierno de Coahuila deberá tomar en cuenta estos temas a la hora de planear, pues toda promesa de campaña, para su realización, necesita un soporte financiero. El primer año de la administración 2023-2029 coincidirá con los 10 últimos meses del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien, para no desentonar con su política de austeridad, apretará aún más el cinturón. Es preciso, entonces, buscar alternativas para afrontar la situación. Una de ellas consiste en revisar la deuda —negocio de banqueros voraces y políticos venales— para liberar recursos y elevar la inversión. Después de toda elección viene la resaca.
