Durante la séptima Sesión del Segundo Período Ordinario del Congreso del Estado de Coahuila, el Diputado de morena, Francisco Cortez, presentó una proposición con punto de acuerdo con motivo de enviar un atento exhorto al Gobernador Miguel Riquelme a que realice los ajustes pertinentes al Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023, mismo que en breve habrá de someter a consideración de esta Soberanía, a efecto de reducir de manera sustancial las exorbitantes erogaciones destinadas al servicio de la “megadeuda” estatal, y así crear el fondo necesario para abatir los evidentes rezagos que presenta la Entidad en materia de desarrollo y bienestar, todo esto, sin soslayar la posibilidad de declarar una suspensión de pagos.
El Presidente de la Mesa directiva, recordó que el pasado 29 de septiembre, propuso ante el pleno del Congreso, un punto de acuerdo para conminar al titular del Ejecutivo estatal, a que su administración se declarase en suspensión de pagos ante las instituciones financieras con las que el exgobernador Humberto Moreira Valdés contrajo la inmoral “megadeuda” que pesa injustamente sobre los coahuilenses.
“Con el voto mayoritario del PRI y la curiosa ausencia de nueve diputadas y diputados, la proposición fue turnada a la Comisión de Finanzas, donde el documento respectivo seguramente permanecerá sin dictaminar, es decir, a punto de congelación, “por los siglos de los siglos” señaló.
Aunado a lo anterior, el legislador de morena recordó las ventajas que la suspensión de pagos aportaría al estado: 1. Se contaría con mayor liquidez para enfrentar los compromisos en materia de gasto corriente, obra pública e inversión productiva. 2. Ya no sería necesario volver a contraer empréstitos de corto plazo para amortizar la “megadeuda”, sobre todo sus intereses. 3. Se tendría tiempo disponible para realizar una reestructura definitiva del monto comprometido y establecer una moratoria de pagos que no lesione en el largo plazo la economía del gobierno estatal. 4. Abriría la oportunidad para llamar a cuentas a los culpables del irresponsable endeudamiento, principalmente al exgobernador Humberto Moreira.
“Con tal de cumplir cabalmente la voluntad, no de un gobernador, sino de un pueblo que nos brinda su confianza para representar sus intereses, tantas veces pisoteados, en esta ocasión me permito presentar una nueva proposición que, igualmente, está dirigida a disminuir la excesiva presión de la “megadeuda” sobre el presupuesto estatal, cuando menos durante el siguiente año, periodo que puede significar el punto de partida hacia una época de justicia y bienestar en Coahuila” manifestó.
En ese sentido, Cortez Gómez dio a conocer que el gobierno de Coahuila ha generado un serio quebranto a sus finanzas públicas, ya que, a marzo de 2022, el Estado destaca entre las cinco entidades que presentan los niveles más altos de endeudamiento, al reportar un saldo de 38 mil 716 millones de pesos.
“Tan solo en la administración de Humberto Moreira Valdés, que comprendió de 2005 a 2011, la deuda de Coahuila registró un incremento nominal superior a los 36 mil millones de pesos y una variación real de 8 mil 598.9 puntos porcentuales, suscitándose enseguida una serie de investigaciones oficiales sobre el uso indebido de recursos públicos y presentación de documentos falsos para adquirir crédito. En el efímero gobierno de Jorge Torres, que abarcó del 4 de enero al 30 de noviembre de 2011, se mantuvo la misma política financiera de su antecesor, hasta que el 1 de diciembre de ese mismo año asumió la gubernatura de Coahuila Rubén Ignacio Moreira Valdez, quien recibió pasivos por $36 mil 509.6 millones” declaró.
El diputado Francisco Cortez, señaló que desde entonces, y debido a su falta de solvencia, la administración pública estatal no ha hecho más que simular que está abonando los adeudos, cuando en realidad los acrecienta y prolonga indefinidamente en el tiempo.
“De acuerdo con el INEGI, la población de Coahuila asciende a 3 millones 146 mil 771 personas, lo que significa que la deuda per cápita o deuda por habitante es de 12 mil 303 pesos, cifra casi tres veces mayor al promedio subnacional, que es de 4 mil 912 pesos de deuda por persona” finalizó.
El punto de acuerdo fue rechazado por mayoría del Pleno del Congreso.
