El presidente Andrés Manuel López Obrador asumió el cargo prometiendo investigar los peores escándalos de derechos humanos en México. Y ninguno fue más grave que la Guerra Sucia librada por las fuerzas de seguridad desde la década de 1960 hasta la década de 1980, en la que cientos de presuntos guerrilleros de izquierda fueron torturados y desaparecidos, algunos arrojados desde aviones al Océano Pacífico.
Sin embargo, casi dos años después de que el presidente estableciera una comisión de la verdad para descubrir los secretos de ese capítulo oscuro, surgieron indicios de que el investigador principal del gobierno ha sido atacado con software espía de grado militar, según un informe obtenido por The Washington Post.
El software espía Pegasus fue detectado en el teléfono de Camilo Vicente Ovalle, según el análisis forense de Citizen Lab, un centro de investigación digital de la Universidad de Toronto. Vicente Ovalle, quien coordina el trabajo de la comisión de la verdad, había recibido un correo electrónico en diciembre de Apple advirtiendo que podría haber sido blanco de “ataques patrocinados por el estado”.
El presunto hackeo es parte de una creciente evidencia de que los civiles que investigan los abusos a los derechos humanos por parte de las fuerzas armadas de México, incluidos activistas, periodistas e incluso funcionarios cercanos al presidente, están siendo atacados con malware.
El informe de Citizen Lab no abordó la cuestión de quién podría haber usado Pegasus para hackear el teléfono de Vicente Ovalle. El Grupo NSO, que desarrolló el software espía, dice que solo tiene licencia para las agencias gubernamentales. (NSO cuestionó los hallazgos de Citizen Lab). Las investigaciones de grupos de derechos digitales y organizaciones de medios han señalado al ejército mexicano como la institución detrás de los presuntos ataques. Citaron el momento y los objetivos, así como los documentos sobre su adquisición de software de vigilancia en 2019. El New York Times informó en abril que el ejército era la única agencia en México que aún opera Pegasus , citando fuentes familiarizadas con los contratos.
Bajo el predecesor de López Obrador, el presidente Enrique Peña Nieto, el gobierno mexicano usó agresivamente Pegasus para rastrear en secreto a narcotraficantes, así como a periodistas, activistas y políticos de la oposición, según investigaciones de Citizen Lab, grupos de derechos digitales y periodistas. Pero cuando López Obrador asumió en 2018, prometió acabar con el espionaje ilícito a mexicanos no sospechosos de delitos. Levantó esperanzas de que el país finalmente desentrañaría lo sucedido durante la Guerra Sucia y otro caso notorio, la desaparición en 2014 de 43 jóvenes que estudiaban en la escuela de maestros de Ayotzinapa.
Ahora los informes de vigilancia están poniendo en duda las esperanzas de un ajuste de cuentas real.
