Durante los 89 años previos a la alternancia de 2018, el PRI y el PAN repartieron el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de acuerdo con las prioridades e intereses del presidente de turno y de las fracciones parlamentarias de cada partido. Pudieron hacerlo —juntos o por separado, según la época— porque controlaban las principales comisiones del Congreso y tenían los votos suficientes. Para afrontar la crisis económica por el «error de diciembre» de 1994, incubada en el Gobierno de Carlos Salinas de Gortari, los diputados del PRI aprobaron un aumento del 50% al IVA. La gota colmó el vaso y el partido gobernante perdió por primera vez la mayoría en la Cámara Baja, situación que inauguró un periodo de 21 años de Gobiernos divididos.
El país volvió al Gobierno unificado cuando Andrés Manuel López Obrador ganó la presidencia y la coalición Morena-PVEM-PT se hizo con la mayoría en ambas cámaras. A partir de entonces, el PRI y el PAN perdieron influencia en la distribución del gasto y en otras áreas estratégicas. Hoy la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública la componen 31 diputados del bloque oficialista y 12 del frente PRI-PAN-PRD. Las jerarquías de estos partidos buscan, antes incluso que obtener la presidencia, dominar el Congreso. Así podrían recuperar prebendas y presionar a Claudia Sheinbaum, la favorita para suceder a AMLO en Palacio Nacional.
La falta de un presidente fuerte (Vicente Fox, Felipe Calderón y Peña Nieto nunca lo fueron) permitió a los gobernadores lograr ventajas y recibir mayores presupuestos de la federación, no siempre bien invertidos, pues los diputados y los senadores eran subordinados suyos. López Obrador rompió ese círculo y puso a los estados a dieta rigurosa. La Ley de Ingresos de 2024, aprobada por los legisladores de Morena y sus satélites, prevé captar 9.6 billones de pesos, de los cuales casi dos billones serán deuda interna para completar la meta proyectada.
El PRI y el PAN se escandalizan por el endeudamiento —disparado también en los sexenios de Felipe Calderón y Peña Nieto— como Morena lo hizo cuando era oposición; ese es su papel. El argumento técnico lo brinda Gabriel Yorio González, subsecretario de Hacienda. Según el funcionario, la deuda interna del país, con respecto al PIB, rondaba el 45% en 2018 y ahora representa el 43%. El nivel subió al 52% debido a la pandemia y a la depreciación del peso que llegó a cotizarse casi a 25 unidades por dólar. El objetivo, dice Yorio, consiste en cerrar en 48.8%, punto y medio por debajo del 50% establecido en la política financiera de la 4T. Si la Ley de Ingresos pasó los filtros sin cambios mayores, lo mismo puede esperarse del PEF 2024, cuya aprobación corresponde en exclusiva a la Cámara de Diputados. El 15 de noviembre es la fecha límite.
El presupuesto de egresos es el instrumento de la política pública del Gobierno para distribuir, de acuerdo con la Constitución (y con la ideología de cada partido), los recursos a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y a los organismos autónomos. Asimismo, asigna las transferencias a los Gobiernos estatales y municipales. Su impacto político, económico y social es enorme. Sin embargo, quien reparte el pastel no siempre gana las elecciones. Así sucedió a partir de 2000, cuando el PRI perdió por primera vez la presidencia. Si la estrategia de AMLO, de darle al gasto un sentido social y que impulse la infraestructura, funciona en términos electorales, se verá el 2 de junio entrante, cuando los mexicanos acudan de nuevo a las urnas.
