La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, defendió el proyecto de Ley General de Aguas elaborado por su Administración, cuyo objetivo es reordenar las concesiones de agua otorgadas previamente a particulares. La iniciativa ha generado fuerte oposición, manifestada recientemente a través de bloqueos masivos en cerca de 40 carreteras federales en 22 estados por parte de asociaciones de productores agrícolas y transportistas.
Las protestas del lunes respondieron a una serie de demandas que incluyen la exigencia de mayor seguridad en las carreteras, precios justos para los productos del campo y cambios a la iniciativa presidencial sobre el agua. Los transportistas han denunciado ser víctimas de robo y extorsión, mientras que los campesinos temen que el retiro de concesiones de aprovechamiento afecte el valor de sus tierras.
Sheinbaum blindó el núcleo de la reforma, pero anunció que se podrán realizar modificaciones mediante foros públicos de discusión antes de su aprobación en el Congreso. No obstante, la presidenta sugirió que las protestas están impulsadas por motivaciones políticas, afirmando que «hay quien se manifiesta para mantener privilegios que ya no queremos que existan».
La mandataria explicó que la esencia de la iniciativa es evitar la “mercantilización del agua por privados”. La propuesta gubernamental ofrece un apoyo presupuestal completo a los productores agrícolas para tecnificar sus distritos de riego y reducir el consumo de agua, que actualmente representa casi el 80% del uso nacional. A cambio de este apoyo, los concesionarios deben devolver al Estado el derecho sobre el excedente de agua que dejen de utilizar.
Como ejemplo de los privilegios que busca eliminar, Sheinbaum mencionó a concesionarios que venden a municipios el agua destinada originalmente para uso de riego, sin pagar los derechos correspondientes debido a su exención de impuestos.
La presidenta cuestionó los cierres de carreteras, señalando que ya se habían abierto mesas de negociación en la Secretaría de Gobernación y en la Cámara de Diputados para atender las inconformidades. «No se entiende», dijo, insistiendo en que no hay razón para la protesta si existe un canal de diálogo, a menos que se trate de defender el «acaparamiento» de agua.
Aunque el cierre de vías federales es un delito, la presidenta Sheinbaum coincidió con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, en que no se recurrirá a la fuerza, sino que se mantendrá el enfoque en el diálogo. «No vamos a caer en la provocación de la represión», concluyó.
