El periodista Zedryk Raziel expone en esta columna la creciente tensión entre el Gobierno de México y las organizaciones civiles tras el giro en la política energética de la presidenta Claudia Sheinbaum. El texto documenta el rechazo de la Alianza Mexicana contra el Fracking, colectivo que agrupa a más de 40 organizaciones, ante la decisión de retomar la fractura hidráulica para la extracción de gas, una técnica que había sido vetada durante el sexenio anterior bajo argumentos de protección ambiental.
La síntesis de la investigación de Raziel revela que los activistas califican este viraje como una traición al voto popular, recordando que tanto la actual mandataria como su predecesor habían integrado la prohibición de esta técnica en sus agendas políticas. La crítica central se enfoca en la inviabilidad de un fracking científico o sostenible. Para los ambientalistas, la promesa gubernamental de utilizar métodos menos nocivos es una simulación, pues la ciencia ha demostrado que la fractura hidráulica requiere volúmenes masivos de agua dulce que, tras ser contaminada con compuestos tóxicos y cancerígenos, queda fuera del ciclo natural de reciclaje.
El autor destaca que este cambio de rumbo busca reducir la dependencia energética de Estados Unidos mediante esquemas de inversión mixta con la iniciativa privada, según documentos obtenidos por el diario El País. No obstante, las organizaciones advierten que esta estrategia profundiza el modelo económico basado en combustibles fósiles en lugar de transitar hacia la descarbonización. El argumento de soberanía energética es contrastado con los riesgos a la salud pública y el impacto irreversible en los acuíferos, señalando que el costo económico del tratamiento del agua contaminada hace que la industria prefiera el uso de fuentes limpias de consumo humano por ser más baratas.
Finalmente, la columna presenta un escenario de confrontación entre el pragmatismo del Ejecutivo, que prioriza el abasto de gas natural para la generación eléctrica ante el declive de la producción nacional, y la urgencia climática defendida por los expertos. La síntesis del conflicto deja claro que, mientras el Gobierno federal apuesta por nuevas regulaciones y transparencia para validar la técnica, los grupos ambientalistas cierran filas bajo la consigna de que lo ya votado no debe someterse a nuevas consultas, exigiendo la prohibición inmediata y definitiva de la fractura hidráulica en territorio mexicano.
