Extraditar al australiano supone amedrentar a todo el periodismo serio del mundo y ampliar la vía a delincuentes de alto rango
El caso de Julian Assange (el creador de Wikileaks, que lleva 11 años recluido, primero en una embajada y, después, en una prisión británica) constituye hoy día uno de los mayores peligros para el periodismo de investigación y la libertad de prensa en todo el mundo. El tribunal inglés que decidirá esta semana si autoriza la extradición de Assange a Estados Unidos, acusado de espionaje por difundir documentos clasificados, puede sentar un precedente altamente coercitivo para el ejercicio del periodismo, entendido no como un espacio de entretenimiento, sino como uno de libertad que permite el debate en una sociedad democrática. Su extradición abrirá una vía más segura a todos aquellos que hurtan a los ciudadanos información a la que tienen derecho, encubriendo con apelaciones a la seguridad actos que son delitos.
Assange fue el creador de un portal llamado Wikileaks a través del cual se hicieron públicos en 2010 miles de documentos clasificados, gracias a los cuales vieron la luz crímenes de guerra, torturas y casos de corrupción. Los documentos fueron facilitados a un grupo de medios de todo el mundo (entre ellos EL PAÍS) para su análisis y difusión. En ningún caso las informaciones publicadas supusieron un riesgo para la seguridad de personas protegidas por la ley. Fuimos decenas de periodistas en todo el mundo (yo misma pertenecí al equipo de este periódico que realizó ese trabajo) quienes expurgamos esos miles de documentos y quienes firmamos esas informaciones. Y todos estuvimos de acuerdo en que se trataba de hechos que la sociedad tenía derecho a conocer.
La extradición de Assange y su casi segura condena en Estados Unidos (la pena puede ser de 175 años) es una amenaza para todo el periodismo serio que se realiza en el mundo y como tal debería ser asumida por las asociaciones profesionales y por la sociedad en su conjunto, a la que se quiere privar de uno de sus derechos más importantes: el derecho a saber y a exigir responsabilidades. La sociedad necesita personas que hagan el trabajo que hizo Julian Assange. Los periodistas necesitamos acceder a documentos como los que Assange nos facilitó. Cerrar el camino de los whistleblowers (informadores, denunciantes) es la mejor manera de proteger a delincuentes de alto rango.
Ahora mismo, es posible que para llegar a conocer cuáles han sido y están siendo las decisiones del Gobierno israelí, cuáles sus objetivos y cuáles los medios que ordena emplear para alcanzarlos; para que la propia sociedad israelí pueda debatirlo y la comunidad internacional valorar hasta qué punto son compatibles con las leyes que rigen el orden mundial, sea necesario que surjan personas dispuestas a denunciarlas desde dentro o personas capaces de acceder por medios tecnológicos a esa documentación.
Mas aún cuando, en el caso israelí, existe una tajante prohibición de acceso a Gaza de periodistas internacionales, prohibición que no tiene que ver con la protección de esos enviados especiales. Primero, porque la decisión corresponde al periodista interesado y al medio que lo respalda y los gobiernos deben limitarse a ofrecer la máxima ayuda que puedan. Segundo, porque la inmensa mayoría de los periodistas palestinos que han muerto en Gaza en los pocos meses que dura la operación de castigo israelí (más de 60 reporteros, según la Federación Internacional de Periodistas) no han muerto en mitad de bombardeos indiscriminados o en medio de enfrentamientos bélicos, sino, según denuncian sus medios, en ataques específicos dirigidos contra ellos y sus familias.
Algún día, las organizaciones profesionales de periodistas deberán abrir una profunda investigación sobre esas muertes, como deberían abrirla las asociaciones de médicos sobre el asalto a los hospitales gazatíes, y necesitarán para ello acceder a documentos clasificados y a la ayuda de personas como Julian Assange. A lo largo de la historia, no han sido pocos los jueces, sobre todo anglosajones, que, a la hora de procesar a periodistas de investigación, funcionarios o hackers que han vulnerado la ley para acceder a ese tipo de documentos, han considerado, por encima de todo, si la conducta de esa persona servía al interés público. Es una desgracia que poco a poco ese espíritu haya ido debilitándose y que ahora un tribunal británico pueda hacerlo desaparecer.
