«En Saltillo se violan permanentemente los derechos humanos mediante el espionaje sistemático de conversaciones telefónicas, atropellando la privacidad y la intimidad. (…) Las grabaciones son utilizadas en una campaña difamatoria a base de medias verdades y mentiras completas en vísperas del proceso electoral local. (…) La situación fue planteada al gobernador del Estado, Rubén Moreira, sin que hasta el día de hoy se haya hecho nada para detener el espionaje. (…) No queremos pensar que se trata de solapar a quienes incurren en estas prácticas». Las acusaciones forman parte de la denuncia que el alcalde Isidro López Villarreal (2014-17) elevó al presidente Enrique Peña Nieto en un desplegado que se publicó el 12 de mayo de 2014 en diarios de Ciudad de México.
El Gobierno también espió y armó campañas de descrédito en redes sociales contra periodistas, legisladores, líderes de oposición, activistas de los derechos humanos y el obispo Raúl Vera. Ni a los de casa perdonó. Conversaciones fuera de contexto del secretario de Finanzas, Ismael Ramos, fueron ventiladas. «El Gobierno de Coahuila posee desde 2014 un equipo para intervenir teléfonos celulares y determinar su ubicación», publicó La Rancherita del Aire. Acumen Telecomunicaciones, S. A. de C. V. facturó 16.6 millones de pesos por la red, de acuerdo con el contrato de adjudicación directa SFIN-DGA-AD-058-14/00. La operación estuvo a cargo del director general de Adquisiciones del Gobierno del Estado, Nazario J. Salvador Iga Torre.
La Fiscalía General de la República investiga al exfuncionario por el presunto delito de peculado por 475 millones de pesos «durante el mandato del exgobernador Rubén Moreira Valdez, actual coordinador de los diputados federales del PRI. Este caso marca el segundo proceso judicial dirigido a un exservidor público (de Coahuila) por su involucramiento en el desvío de fondos públicos y la creación de contratos ficticios en dependencias estatales con el fin de financiar campañas electorales. Este esquema presenta notables similitudes con el conocido caso «Operación Safiro» que fue investigado en el estado de Chihuahua» (Contravía, 12.08.23).
El diputado Moreira, en busca de reflectores, pidió, en la pasada discusión del presupuesto federal, tomar 50 mil millones de pesos del Fondo de Protección del Ahorro Bancario (Fobaproa) para aplicarlos en la reconstrucción de Acapulco, devastado por el huracán Otis. ¿Por qué, como soberano de Coahuila, no redujo los pagos de la deuda para atender las necesidades del estado? ¿Por qué, si gran parte de los 38 mil millones de pesos fueron contratados durante la gestión de su hermano con decretos falsos, jamás sentó en el banquillo a los acreedores? Lo que hizo fue negociar con ellos; no les exigió compartir el sacrificio de legiones de coahuilenses, sobre todo de los más pobres, causado por el moreirazo. Entre 2011 y 2023, Coahuila ha pagado a los bancos 63 mil millones de pesos.
El gobernador que solapó la megadeuda y que junto con el desayuno escuchaba charlas telefónicas privadas, denuncia hoy que sus redes sociales han intentado ser «hackeadas» por pedir dinero del Fobaproa para Acapulco. «La banca realizó préstamos irregulares que la iban a hacer quebrar y lastimar a los pequeños ahorradores, por lo que el Gobierno intervino para salvarla, desde 1998», dice Moreira en un comunicado (Notileg, 27.11.23). Lo mismo hicieron los bancos que prestaron dinero a la administración de su hermano sin la aprobación del Congreso local y con documentos apócrifos. Por la boca muere el pez.
