La nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), instalada este 1 de septiembre, abre un capítulo inédito: por primera vez sus ministros llegan al cargo a través de las urnas, escribe el periodista Gerardo Moyano en el catorcenario “Espacio 4” (778). «Se trata —advierte— de un parteaguas en la vida institucional mexicana que busca devolver a la sociedad la confianza en el Poder Judicial y redefinir su relación con la ciudadanía. La referencia histórica más inmediata es la reforma judicial de 1994. En aquel momento, el presidente Ernesto Zedillo rediseñó por completo la SCJN, redujo el número de ministros y estableció nuevas reglas para su integración. Aquella transformación fue una respuesta a la crisis política y económica de los años 90; la actual es hija del hartazgo social frente a la impunidad.
»La reforma judicial aprobada el año pasado redujo nuevamente el número de ministros —de 11 a 9— y limitó su periodo a 12 años, pero sin duda el cambio más osado fue establecer su elección mediante voto popular. Con ello se buscó dotar al máximo tribunal de un carácter más representativo y menos dependiente de los acuerdos entre élites políticas. En la jornada electoral del pasado 1 de junio, cerca de 13 millones de personas acudieron a las urnas para elegir jueces, magistrados y ministros. Aunque la participación fue baja, la sola existencia de este tipo de boleta marcó una innovación democrática de gran calado.
»Los perfiles electos muestran una combinación de diversidad y continuidad. Entre ellos destaca Hugo Aguilar, abogado mixteco de Oaxaca, que se convirtió en presidente de la Corte, un hecho simbólico que refuerza la representación de comunidades históricamente marginadas. Junto a él permanecen ministras como Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, cuya reelección fue respaldada por los votantes. Y aunque algunos sectores advierten que la baja participación —13% del padrón electoral— limita la legitimidad del proceso y aumenta el riesgo de que los jueces se conviertan en figuras más políticas que técnicas, la reforma abre una oportunidad histórica para fortalecer la confianza en la justicia, siempre y cuando se traduzca en sentencias que ataquen el problema central: la impunidad.
»Según datos de México Evalúa, este fenómeno alcanza el 93.6%, lo que significa que apenas 6 de cada 100 casos que llegaron a las fiscalías estatales tuvieron una resolución judicial efectiva. El problema aumenta en delitos graves: desaparición forzada (99.5%), extorsión (98%), fraude (97%) y homicidio doloso (96%). En este contexto, la nueva Suprema Corte enfrenta
un desafío monumental: convertir el respaldo ciudadano en justicia efectiva, convirtiendo expectativas incumplidas en resultados tangibles.
»La historia reciente de la SCJN no puede entenderse sin el parteaguas de 1994. La reforma de Ernesto Zedillo redujo el número de ministros, recortó sus periodos y dio mayor peso a los procesos internos de selección. Se trató de un rediseño completo del máximo tribunal para otorgarle independencia frente a un sistema político que había entrado en crisis. Treinta años después, la reforma de 2024 vuelve a sacudir las bases de la justicia. Esta vez, bajo el impulso de Andrés Manuel López Obrador y la continuidad en el Gobierno de Claudia Sheinbaum, se optó por abrir el proceso a la ciudadanía mediante elecciones directas. La premisa es clara: ningún poder del Estado debe estar ajeno al escrutinio democrático. El cambio no es menor. Mientras que la reforma de Zedillo buscó blindar a la Corte de la política, la nueva apuesta es exactamente la contraria: insertar la política —a través del voto popular— en la integración del máximo tribunal. Es una diferencia de lógica que explica las controversias actuales».
