El gobierno de Donald Trump intensifica su política migratoria con la instalación de un muro de boyas flotantes de 27 kilómetros en el Río Bravo, entre Eagle Pass y Piedras Negras, Coahuila, buscando frenar el flujo de migrantes. La medida, defendida por el «zar» fronterizo Tom Homan, se implementará la próxima semana, generando controversia sobre su efectividad y legalidad en la zona fronteriza.
Simultáneamente, un juez federal acusó a la administración Trump de desacato criminal por deportaciones irregulares, específicamente el caso de Kilmar Ábrego García, un salvadoreño deportado erróneamente. El senador demócrata Chris Van Hollen intentó, sin éxito, liberar a Ábrego en El Salvador, acusando al gobierno salvadoreño de retenerlo a cambio de pagos de Estados Unidos.
