La Diputación Permanente del Coangreso de Coahuila, aprobó un punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de las Mujeres del Gobierno Federal, en coordinación con sus homólogas estatales, las fiscalías locales y los poderes judiciales, la implementación de políticas públicas que faciliten el acceso efectivo a las pensiones alimenticias. La medida busca atender los obstáculos que enfrentan las madres de familia durante los trámites legales para exigir el cumplimiento de estas obligaciones.
El pronunciamiento señala que, a pesar de las reformas vigentes contra los deudores alimentarios, persisten problemáticas como la lentitud en los procedimientos judiciales, la falta de asesoría legal gratuita y la ocultación de ingresos por parte de los obligados. Estas situaciones generan retrasos prolongados que impactan directamente en la economía familiar y en la cobertura de gastos básicos de alimentación, salud y educación de niñas, niños y adolescentes.
La propuesta enfatiza la necesidad de articular mecanismos institucionales que reduzcan el rezago en juzgados y fiscalías, garantizando que los derechos de la infancia se traduzcan en soluciones prontas. Asimismo, se contempla reforzar la difusión de información sobre los recursos legales disponibles para que los tutores puedan realizar sus reclamos de forma clara y sin dilaciones.
