Con un PIBE promedio de 144 mil 750 pesos por habitante en el periodo 2006-2010 (37 mil por encima de la media nacional) que, al menos en teoría, permitía a los coahuilenses tener uno de los niveles de vida más elevados del país, ¿para qué endeudarse? Hipotéticamente, esos años fueron también de jauja y vacas gordas para el estado. Humberto Moreira era el gobernador más popular, y a quien, según encuestas, la mayoría de los mexicanos le confiaría sin dudar las llaves de su casa. Con la misma aparente fe ciega, Coahuila le entregó la llaves de la Tesorería. La credulidad se paga caro.
Antes de responder la pregunta de para qué endeudarse, Marco Cancino y Martha López (Inteligencia Pública) separan el trigo de la paja: «el endeudamiento adecuadamente utilizado puede ser una herramienta que permita impulsar la productividad, y por tanto, detone el crecimiento en los ingresos y el desarrollo social». Coahuila no cumple esa condición por falta de evidencia suficiente para «asegurar que el objetivo de la contratación de la deuda pública de los últimos cuatro años (2008-2012), buscó incrementar la productividad y el desarrollo de la entidad». En ese lapso, las obligaciones pasaron de 2 mil 068 a 35 mil 265 millones de pesos (mdp), mil 605 veces más que el promedio anual nacional, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda.
La pregunta de si «¿esto es mucho o poco?» la despejan los propios analistas. Empiezan por examinar la deuda pública estatal individualizada. «Como una manera de eliminar el sesgo, resultado de la diferencia estructural entre entidades, tenemos que Coahuila es el estado cuya deuda per cápita representa 3.7 veces la deuda promedio por habitante del país». La diferencia resulta abismal, pues frente a los 3 mil 537 pesos por persona en otros estados, cada coahuilense debía 13 mil 281 pesos. En Nuevo León, la entidad más endeudada, cada individuo debía entonces 8 mil 141 pesos. Los más desahogados eran los tlaxcaltecas con 62.64 pesos.
Un informe de la Auditoría Superior del Estado de Coahuila (ASEC) revela que, con base en un oficio de la Secretaria de Hacienda, fechado el 24 de junio de 2011, Coahuila tenía un adeudo por 31 mil 973 millones de pesos, de los cuales sólo el 26% (8 mil 313 mdp) se encontraba debidamente inscrita en el Registro de Obligaciones de Empréstitos de Entidades y Municipios de la dependencia. Ernesto Cordero, secretario de Hacienda, soltó la bomba en una reunión con empresarios de La Laguna un mes antes de las elecciones para gobernador. La falta de tiempo para socializar la información jugó a favor del triunfo del candidato del PRI, Rubén Moreira. La sucesión entre hermanos selló así el futuro de Coahuila, colocó grilletes a las finanzas y el estigma de la ignominia a la justicia.
Cancino y López advierten una discrepancia. De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la deuda de Coahuila, registrada al segundo trimestre de 2011 (8 mil 451 mdp), no incorporaba 23 mil 643 mdp detectados por el Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero. La ASEC reportó que en el periodo 2008-2011, el monto de los créditos adquiridos por el Gobierno ascendía a 35 mil 540 mdp. Jaime Jiménez Flores, exdirector de Deuda Pública de Estados y Municipios, fue acusado por no haber registrado la deuda, pero esto solo ocurre cuando las autoridades estatales informan a Hacienda de su contratación, apuntan los analistas. Siempre hay un cabeza de turco.
