La reciente intervención de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en el Acueducto Sur 1000 de Saltillo, lejos de ser un incidente menor, expone la fragilidad y la opacidad con la que se maneja el recurso hídrico de la capital coahuilense. Si bien el director general de Aguas de Saltillo (AGSAL), José Iván Vicente García, se apresura a asegurar que el abasto de agua potable no se verá afectado, su «sonrisa nerviosa» percibida por la ciudadanía delata una gestión que opera más en la sombra que a la luz pública.
La llegada de Profepa a una obra esencial como es la sustitución de una línea obsoleta no es una casualidad. Es una clara señal de que el manejo ambiental local —y la ejecución de proyectos de infraestructura por parte de la paramunicipal— se desarrolla en un terreno «oscuro» y cuestionable. Las acciones de la autoridad federal no se activan sin un indicio de afectación o incumplimiento, desmintiendo la tibieza con la que el gerente se compromete a «atender cualquier recomendación».
El actual director, Vicente García, ha sido percibido por muchos como un mero ejecutor de la inercia dejada por la anterior administración, ligada al controversial «catalán» que extendió el jugoso contrato de explotación del agua capitalina a Aguas de Barcelona. Su presunto desconocimiento inicial, sumado a la herencia de un negocio que beneficia a intereses foráneos, pone en duda su capacidad para defender el interés real de los saltillenses sobre el agua.
El problema de fondo no es solo la obra en el Acueducto Sur 1000, sino la falta de transparencia que rodea la gestión de AGSAL. La ciudadanía carece de información real sobre las reuniones del consejo y los resultados concretos de la concesión. La promesa de cumplir con la ley y el compromiso con el medio ambiente resultan huecos cuando se recuerda el pasado reciente de la dirección ambiental de la ciudad, donde la experiencia profesional parece haber sido sustituida por la conveniencia política.
Si la operación en España —país de origen de la concesionaria— exigiera estándares de cumplimiento ambiental y sanciones reales ante cualquier negligencia, la situación en Saltillo podría ser distinta. Sin embargo, en Coahuila, la levedad con la que se abordan las multas y los señalamientos ambientales permite que el actual director «se ría» de la ciudadanía al minimizar una intervención federal.
La acción de Profepa es el recordatorio más severo de que el agua de Saltillo no es un negocio privado, sino un derecho colectivo y un recurso vital que exige rendición de cuentas inmediata y transparencia radical. La gestión de AGSAL no solo debe ser evaluada por los números heredados, sino por su compromiso tangible con el medio ambiente y con la verdad ante los ciudadanos que pagan por el servicio.
