La presidenta Claudia Sheinbaum anunció el despliegue de un «Plan B» tras el rechazo de su reforma constitucional en el Congreso, donde las bancadas aliadas del Partido Verde (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) negaron los votos necesarios para la mayoría calificada. La nueva propuesta, que será enviada el próximo lunes, busca sortear el revés legislativo mediante una serie de modificaciones que pretenden reducir el gasto público y adelantar procesos de consulta ciudadana.
Ejes principales del nuevo plan
La iniciativa presentada por el Ejecutivo se concentra en tres puntos fundamentales que buscan rescatar los objetivos de ahorro y democracia directa del proyecto original:
- Tope al gasto legislativo: Se propone establecer un límite presupuestario para los congresos locales, ayuntamientos y el Senado. Según estimaciones de la presidencia, esta medida permitiría un ahorro de hasta 4,000 millones de pesos, los cuales se reasignarían a programas de apoyo social.
- Consulta sobre financiamiento partidista: Ante la imposibilidad de reducir directamente las prerrogativas a los partidos por vía constitucional en este periodo, Sheinbaum propone reformar la ley para permitir que temas electorales sean sujetos a consulta popular, delegando la decisión del recorte financiero a la ciudadanía.
- Adelanto de la Revocación de Mandato: La propuesta busca que el ejercicio de revocación de mandato se realice en el tercer o cuarto año de gobierno. Esto permitiría que el proceso de la actual mandataria se lleve a cabo en junio de 2027, coincidiendo con las elecciones intermedias, en lugar de abril de 2028.
El estado de la coalición oficialista
A pesar de que el 95% de los diputados del PT y el 79% del PVEM votaron en contra de la reforma original, tanto el Ejecutivo como las dirigencias partidistas han calificado el suceso como una «desavenencia» y no como un rompimiento de la alianza. Los partidos aliados argumentaron su derecho a disentir tras haber apoyado previamente 20 reformas constitucionales del paquete «Plan C» y ocho iniciativas propias de la actual administración.
La viabilidad del Plan B dependerá nuevamente de la negociación con estas fuerzas políticas, dado que algunas de las medidas planteadas —como la modificación de los tiempos de revocación de mandato— requieren reformas a artículos constitucionales y, por ende, el respaldo de los mismos legisladores que frenaron la propuesta inicial.
