Genaro García Luna es el exfuncionario mexicano de mayor rango sentenciado en Estados Unidos. Brindó protección y recibió sobornos del cartel de Sinaloa, el más poderoso del país. La organización está desarticulada por ahora, pues sus principales capos ya han sido condenados (Joaquín Guzmán) o están sujetos a proceso (Joaquín y Ovidio, hijos del Chapo, e Ismael Zambada). Los exgobernadores priistas Mario Villanueva Madrid (Quintana Roo) y Tomás Yarrington (Tamaulipas), aspirante a la presidencia de la república en 2006, fueron enjuiciados por los mismos delitos. Rubén Zuno Arce, cuñado del expresidente Luis Echeverría, murió en 2012 en una prisión de Florida, donde purgaba cadena perpetua por sus nexos con el cartel de Guadalajara y con el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar, y del piloto mexicano Alfredo Zavala, en 1985.
Zuno habría facilitado avionetas de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo), de la cual era vocal ejecutivo, para transportar mariguana. Así lo declaró el líder cañero Jesús González Gortázar al periodista y político Carlos Loret de Mola Mediz [Los Caciques, 1980 (Infobae, 18.02.20)]. En 1978, Zuno fue imputado por el asesinato de un par de agentes de la Policía Judicial Federal, pero un juez lo eximió. En una entrevista con Carmen Aristegui para el libro Transición, transmitida el 13 de febrero de 2009 por MVS Noticias, el expresidente Miguel de la Madrid acusó a Raúl Salinas de Gortari (RSG) de haber sido el enlace con traficantes de drogas durante el gobierno de su hermano Carlos.
RSG recibió una sentencia de 50 años como autor intelectual del asesinato de su excuñado José Francisco Ruiz Massieu, el 28 de septiembre de 1994. Sin embargo, solo pasó 12 años en prisión, pues casi al final del Gobierno del Vicente Fox (PAN) un juez lo liberó. Absuelto también de los delitos de enriquecimiento ilícito, peculado, defraudación fiscal y lavado de dinero, recuperó los 120 millones de dólares incautados en Suiza y otros países. México castiga con mayor rigor los delitos famélicos que los de corrupción y cuello blanco.
El narcotráfico, como otras actividades ilícitas, no puede desarrollarse sin la participación y complicidad del poder político y económico. El caso de García Luna es uno entre muchos, la mayoría impunes debido también a los compromisos e intereses del sistema judicial. En el Gobierno de Peña Nieto, Rafael Caro Quintero, responsable principal de la tortura y asesinato de Camarena, y de la crisis con Estados Unidos que endureció la lucha antidrogas, recuperó su libertad. La DEA ofreció 20 millones de dólares por su captura, realizada por fuerzas mexicanas en 2022. Abogados y jueces han impedido la extradición del capo.
El poder de Estados Unidos le permite imponer condiciones a los países productores de drogas, tradicionales y sintéticas, y obligarlos a afrontar al crimen organizado, pero no puede disminuir el consumo entre su gente. Tampoco hace esfuerzos para frenar el tráfico de armas hacia México, utilizadas para sembrar terror y muerte. Apresar a capos debilita temporalmente a los carteles, pero no los extingue. La atención se centra también en los exlíderes de los Zetas detenidos en México y que la DEA reclama. Exintegrantes de esa organización revelaron, en tres juicios celebrados entre 2013 y 2016 en Texas, cómo tomaron el estado, cometieron masacres, incineraron centenares de personas en la cárcel de Piedras Negras y sobornaron a autoridades de Coahuila. Los detalles están en el informe «Control… sobre todo el estado de Coahuila», elaborado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas con la participación del Centro Diocesano para Derechos Humanos Fray Juan Larios, fundado por el ahora obispo emérito Raúl Vera López.
