La asamblea que los diputados federales del PRI celebraron en Saltillo el mes pasado reunió al gobernador Miguel Riquelme y a su predecesor Rubén Moreira, coordinador de esa fracción parlamentaria. Fuera de las consignas contra el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, nada digno de mención. El líder del CEN, Alejandro Moreno, en proceso de desafuero por presunto enriquecimiento ilícito cuando fue mandatario de Campeche, deambuló cual fantasma. Sus aspiraciones presidenciales ya las habían derribado los audios difundidos por su sucesora Layda Sansores, su incompetencia al frente del PRI y los escándalos de corrupción, pero la puntilla se la dio él mismo al apoyar la permanencia del Ejército en labores de seguridad hasta 2028, lo cual tiene al borde del colapso a la coalición Va por México.
Moreno se dice perseguido, pero más bien es un cadáver político. Marko Cortés (PAN) y Jesús Zambrano (PRD) lo defienden del enemigo común (AMLO), pero por cargar con el fiambre pierden elecciones. La derrota en Campeche, donde el PRI cayó al tercer lugar, después de Morena y Movimiento Ciudadano, lo demuestra. Moreno impuso como candidato a Christian Castro, quien, de haber obtenido la gubernatura, habría salvado a su tío de la hoguera. La alternancia brinda la oportunidad de destapar cloacas y sentar en el banquillo a mandatarios venales.
La detención del exprocurador general de la república, Jesús Murillo Karam, tras la reunión plenaria del PRI, por el caso de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa desaparecidos y asesinados en septiembre de 2014, debió haberle puesto a Moreno los pelos de punta, pues podría verse en la misma tesitura a pesar de sus arreglos con la 4T. El juicio de procedencia contra el líder partidista lo solicitó el fiscal de Campeche, Renato Sales, la víspera de la asamblea en Saltillo. En una entrevista posterior en el Senado, el extitular de la Comisión Nacional de Seguridad declaró que Moreno debe acreditar la compra legítima de sus propiedades, una de las cuales está valuada en más de 130 millones de pesos.
La fracción legislativa del PRI se redujo a 68 diputados por las dimisiones de Carlos Aysa Damas («En el PRI del siglo XXI, pensar distinto (…) y no obedecer los caprichos de quien maneja el partido, significan todos los adjetivos (…) contra mi persona», acusa en su carta de renuncia) y Shamir Fernández. En número es la tercera bancada después de las de Morena (203) y Acción Nacional (113). El ambiente de la plenaria tricolor no fue festivo, por mucho que se insistiera, para subir la moral, que el PRI vencerá a Morena en las elecciones de junio próximo. Sin embargo, sin alianza, ¿cómo? El castigo en las urnas ha hecho mella en el dinosaurio. En Hidalgo perdió la gubernatura aun con las siglas del PAN y el PRD unidas a las suyas. Julio Menchaca, de Morena, venció holgadamente a Carolina Viggiano, quien también asistió a la asamblea de Saltillo.
El PRI de Coahuila es un partido organizado y cuenta con la mayor estructura electoral, pero también refleja signos de agotamiento. El «moreirazo» le pasó factura en 2017, cuando el PAN estuvo a punto de ganar las elecciones. Otro factor de desgaste es la permanencia de los mismos cuadros durante 18 años. Los agravios por la megadeuda y las empresas fantasma no han sido reparados y desde ahora figuran en la agenda del favorito del presidente López Obrador, Ricardo Mejía. El subsecretario de Seguridad Pública compite por la candidatura con el exdiputado federal panista Fernando Salazar y el senador Armando Guadiana.
