En el Sistema de Alertas de la Secretaría de Hacienda sobresalen dos estados: uno por ausencia y otro por ser el único con luz roja. Tlaxcala no aparece por ser la única entidad del país con deuda cero. No por circunstancias políticas, sino porque la Constitución local impide al Gobierno de turno endeudarse más allá del sexenio respectivo. La señal de alto corresponde a Coahuila por el elevado nivel de sus pasivos. Hacienda publicó en junio el informe del cuarto trimestre de 2023. El semáforo de alertas mide el nivel de endeudamiento inscrito en el Registro Público Único, cuyas garantías sean la recaudación local propia, las participaciones federales y los recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de libre disposición.
La Auditoría Superior de la Federación (ASE) informó que la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios es una contribución involuntaria de Coahuila al país. El Congreso la aprobó en 2015 para prevenir moreirazos futuros (deuda a discreción, sin soporte legal, obra que la respalde y destino incierto), pero el daño ya estaba hecho. Las variaciones reales de deuda más altas entre 2008 y 2011 se presentaron en 11 estados. La lista la encabezan Campeche (2,420%) y Coahuila (1,639%). La megadeuda puso a Coahuila en el ojo del huracán político y mediático. Exhibió el abuso de poder y el caos financiero, pero en términos de justicia no produjo resultados. Por ahora, nadie ha sido procesado en México. Los principales responsables del quebranto gozan de impunidad, viven de las rentas e incluso algunos tienen fuero parlamentario.
Javier Villarreal, exsecretario de Finanzas, se entregó a las autoridades de Estados Unidos en febrero de 2014. Siete meses después se declaró culpable de cargos de conspiración de lavado de dinero y para transportar dinero robado (El Economista, 17.09.14). En 2019, el exgobernador interino, Jorge Torres López, fue detenido en México y extraditado a Texas, donde era acusado de soborno, apropiación indebida, malversación de fondos públicos y fraude bancario y electrónico. En junio de 2020 admitió ante una corte federal «haber realizado transacciones financieras en Estados Unidos para ocultar sobornos que recibió aquí a cambio de contratos de construcción de carreteras para el estado de Coahuila», declaró Ryan Patrick, fiscal federal del Distrito Sur de Texas (Infobae, 17.06.20).
Villarreal y Torres entregaron dinero y propiedades al Gobierno de Estados Unidos. Parte de los fondos hurtados por Villarreal regresaron a México, pero no los de Torres. Ambos colaboraron con el Departamento de Justicia de Estados Unidos a cambio de sentencias cortas. El exgobernador ya está libre y el exsecretario espera condena, pero también será leve y acaso no vuelva a prisión. En Coahuila no se les persigue. Villarreal y Torres no actuaron por su propia cuenta. Bastaría seguir la ruta del dinero para llegar a los peces gordos.
La información del moreirazo se reservó para «no poner en riesgo la estabilidad del estado». El plazo para abrirla vence este año. Tocará al Gobierno de Manolo Jiménez manejar la situación. Sin embargo, algunos de los delitos ya han prescrito. La falta de voluntad política convirtió uno de los mayores escándalos de corrupción en un monumento a la impunidad. El PAN combatió la megadeuda, pero su alianza con el PRI, en las elecciones para gobernador de 2023, acabó con su ya de por sí escasa credibilidad. En Coahuila la oposición la representa hoy Morena. ¿Demandará la apertura total del moreirazo o también pasará página?
