El Gobierno mexicano, bajo la presidencia de Claudia Sheinbaum, ha aprobado una nueva ley de seguridad que permite conocer la geolocalización de las personas, generando controversia. Sheinbaum asegura que la información solo será accesible con orden judicial, buscando una herramienta para combatir al crimen organizado.
La oposición, sin embargo, cuestiona la medida, argumentando que vulnera libertades individuales y que la independencia judicial está comprometida tras la reciente elección de jueces afines al Gobierno. El Partido Acción Nacional (PAN) incluso afirma que la ley permitiría al Gobierno acceder a una amplia gama de datos privados, desde ubicación y compras en línea hasta videollamadas y mensajes en plataformas.
Sheinbaum ha desmentido estas acusaciones, calificándolas de «falsas de toda falsedad» y asegurando que no se busca imponer un «Estado espía». Atribuye las críticas a una estrategia política de la oposición. Por su parte, la ONG Artículo 19 advierte sobre un sistema de vigilancia masiva intrusiva con controles ineficaces, argumentando que la Ley de Inteligencia y la Ley de la Guardia Nacional otorgan acceso sin restricciones a datos personales a diversas entidades gubernamentales. La situación genera un debate significativo sobre el equilibrio entre seguridad nacional y derechos a la privacidad en México.
